Hubo para todos los gustos en Aragón, aunque bien se puede decir que predominó la satisfacción sobre la pesadumbre. Falta todavía por concretarse el acuerdo en el decreto ley, que seguramente llegará el viernes. Ahí se podrá comprobar exactamente si ciudades como Zaragoza acaban tan perjudicadas como parece en los primeros mensajes. En la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) le ven más beneficios que pegas. Aunque se entienda que es mejorable, se recuerda, en primer lugar, que es una decisión voluntaria y que falta por ver el decreto plasmado.
Se entiende que en la junta de gobierno de la FEMP se decía que solicitaban 5.000 millones, flexibilidad de los superávits, flexibilidad de la regla de gasto o ayudas en el transporte. Todo eso, en principio, está en el acuerdo. Por supuesto, están los 5.000 millones sin tener que retornarlos, hay flexibilidad en la regla de gasto y se devuelven en forma de subvención para que no sea déficit. Es una forma de salvar la ley orgánica, la Constitución y las normas de la Unión Europea. Además, en 10 años se puede incorporar al presupuesto todos los ahorros. No es lo mejor, pero se ve como algo imaginativo que sirve para salir adelante y que no existe el acuerdo perfecto.
Se entiende que ha habido voluntad más allá de los problemas que pueda generar a los ayuntamientos que no están en superávit, pero se van a articular mecanismos para ayudarles, soluciones financieras que aparecerán seguramente en el decreto. Eso sí, hay que distinguir entre ayudas y premios. Un ayuntamiento que tenga un millón de euros en saldo va a poder incorporar casi 400.000 euros ya a su presupuesto. Y ese millón, además, se lo van devolviendo en diez años.
Hay ayuntamientos que no van a recibir nada, pero llegarán otras ayudas. De más de 8.000 ayuntamientos que hay en España, cerca de 400 tienen dificultades reales que tendrán que esperar que aparezca un artículo en el decreto que les facilite financiaciones, además de los 140.000 millones que van a llegar a España.
Ninguna queja, al menos en público, salió de los municipios de mando socialista. Otra cosa bien distinta fueron los del PP. Por ejemplo, el de Teruel, donde Emma Buj mostró su disconformidad con la decisión. La alcaldesa denunció que el Gobierno central «se va a quedar con los ahorros de todos los municipios» y aseguró que esto «va a impedir que las localidades de la provincia de Teruel puedan invertir, en estos momentos tan complicados, las cuantías que tienen fruto de su buena labor para poder afrontar los enormes retos que tienen por delante en un 2020 tremendamente complejo».
Buj criticó que en lugar de dar «un balón de oxígeno» y permitir a los consistorios «gastar el dinero que lícitamente» es suyo, han optado por «poner palos en las ruedas y acometer una decisión que va en contra de las administraciones locales». Un error, añadió, «imperdonable», que «ha roto por primera vez la unanimidad con la que se tomaban las decisiones de mayor calado en la FEMP».
La alcaldesa de Teruel subrayó que esta decisión es «todavía mucho más dañina» para el medio rural y para los pequeños municipios, ya que «los superávit solo se pueden invertir en áreas que, en muchos casos, no son las prioritarias para los pequeños municipios».
El presidente del PP de Zaragoza, Javier Campoy; y el portavoz de los populares en la DPZ, Francisco Artajona, calificaron de «cacicada» y «chantaje» a los ayuntamientos el acuerdo. «Todo vale con tal de conseguir que los municipios hagan de banco para intentar minimizar los problemas económicos de Sánchez, que lo hace sin el apoyo de ningún partido. ¿Qué hubiera pasado si Europa le hubiera aplicado a él la misma medicina?», denunció Campoy.
