Con un largo y rotundo aplauso en la tribuna y en algo más de la mitad del hemiciclo se certificó ayer la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que entrará en vigor dentro de unos tres meses con el objetivo de «defender la memoria como legado político, reconocer a las víctimas que no se doblegaron y fomentar el derecho social a conocer la Historia bajo el principio científico, sin revisionismos», como sintetizó quien ha sido su ponente, Darío Villagrasa.
El diputado socialista agradeció en el pleno de las Cortes el trabajo y la «buena disposición» de los ponentes que han tramitado las casi 200 enmiendas presentadas al proyecto inicial de la ley, de las que apenas se han aceptado un tercio. Pese a todo, destacó Villagrasa, en las siete sesiones de la ponencia parlamentaria a lo largo de 16 meses ha habido cordialidad entre los grupos, que ayer se mantuvo incluso con votaciones unánimes en algunos de los puntos fundamentales de la norma; en otros, sin embargo, el PP y el PAR, y en mucha menor medida Ciudadanos, discreparon de la euforia de los grupos de la izquierda.
Así lo expuso el popular Miguel Ángel Lafuente, quien recordó que el PP votó a favor de reconocer a las víctimas de la dictadura, impulsar las exhumaciones o rescatar a colectivos represaliados olvidados como las mujeres. Pero contrariamente al «orgullo» que mostraron PSOE, Podemos, IU o CHA, al diputado le produjo «lástima y frustración» la aprobación de una norma que considera «profundamente extremista e injusta», por quedarse corta.
Según avanzó, si el PP vuelve al Gobierno con apoyos suficientes lo que harán no será derogarla, sino «modificarla», para incluir en la categoría de víctimas a las que lo fueron por «ideas conservadoras, centristas o liberales durante la Segunda República», como «los 33 asesinados de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas».
A juicio del PP, esta ley de «memoria selectiva» equipara «izquierda con democracia», y propiciará, con su régimen sancionador, que «mientras el Congreso abre la puerta despenalizar las injurias a la Corona, uno se pueda sonar los mocos en la bandera o atacar a Miguel Ángel Blanco, pero no se podrá desmerecer a la Segunda República porque te pueden caer hasta 150.000 euros de multa». En realidad estas expresiones estarían en la categoría de graves, sancionadas con hasta 10.000, pero si se repiten sí pueden llegar a muy graves.
PRISAS
El régimen sancionador tampoco convenció a Ciudadanos, cuyo representante, Ramiro Domínguez, admitió que esta «no es la ley» que hubiesen querido, por no amparara a víctimas «como los guerrilleros maquis asesinados por sus propios compañeros» y por las sanciones. Pero en el grueso de la norma, la formación naranja está de acuerdo, como demostró con votos a favor y abstenciones. Particularmente insistente fue el diputado con las exhumaciones, recordando al consejero Vicente Guillén que ya hay una partida de 100.000 euros aprobada previamente, y que se ponga a ello.
Entre los opositores, el PAR, en la línea del PP, afeó que la escasa aceptación de sus enmiendas ya evidenció que el PSOE tenía «poca intención de negociar». La diputada Berta Zapater opinó que en estos asuntos «hay que remover lo justo para hacer el menor daño».
Por contra, tanto Patricia Luquín, de IU, como Alfonso Clavería de Podemos, defendieron la necesidad de la norma, para evitar que se «blanquee» el franquismo haciendo ver que hubo «dos bandos», cuando la realidad fue la de un «ignominioso golpe de Estado y una guerra de exterminio». Para Luquin, un país que tiene «al torturador Billy el Niño yendo a fiestas policiales y a Lorca en una cuneta, tiene un problema».
Particularmente duro fue el diputado de CHA Gregorio Briz, quien acusó al PP de ser «demócratas con complejos», y les recomendó lecciones de Historia, que es «una ciencia, no opinable».
