Aragón ya tiene vía libre para poder regular en la comunidad la puesta en marcha de la teseasistencia avanzada para personas dependientes, un modelo de servicio que va más allá del actual (que consiste en un botón telealarma) y que incorpora otros medios tecnológicos como pulseras geolocalizadoras, detectores de caídas o de incendios.

La prestación, destinada fundamentalmente para dependientes de grado I (moderados), se aprobó en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que reunió a representantes de todas las comunidades.

Por el momento se desconoce cuándo se pondrá en marcha y cuántos usuarios se verán beneficiados de esta teleasistencia avanzada, pero en cualquier caso es algo prioritario para la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales.

Además, también se aprobó, a solicitud del Gobierno de Aragón, un acuerdo para la acreditación de profesionales en materia de dependencia que asegurará la atención en el medio rural. El gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Joaquín Santos, explicó que la última normativa del 2015 establece que en diciembre de este año los profesionales que trabajen en el sector de la dependencia (sobre todo se refiere a los auxiliares de residencias y de ayuda a domicilio) deben estar cualificados.

«Aragón ya ha alcanzado el tope de cualificación, porque ha cumplido en lo que se refiere a la acreditación de competencias gracias al Inaem y al Departamento de Educación, por lo que todos los profesionales están cualificados, pero ha llegado un momento en el que dado el incremento del número de servicios se necesita más personal en el medio rural», aseguró.

Por ello, la insistencia de Santos en la reunión y el cumplimiento de Aragón de esta medida tuvo premio y se logró un acuerdo en el que se contemplan unas habilitaciones «excepcionales»para aquellos trabajadores que acrediten tres años de experiencia y cumplan otros requisitos. «De este modo se garantiza que haya personal para atender, especialmente, a dependientes en zonas rurales. De cara al futuro es un gran paso», dijo.

FINANCIACIÓN

Asimismo, se estableció una regulación especial y provisional para zonas rurales e insulares que permitirá la contratación de personas sin cualificación, si fuera necesario, y que se comprometan a acreditarse.

Por otro lado, la Administración General del Estado garantizó una aportación de 100 millones de euros más al sistema de la dependencia, de los que de entre 2 y 3 millones llegarán a Aragón.

Santos indicó que esto supone la recuperación del 25% de lo recortado en el 2012 en el nivel mínimo de financiación. «Es una buena noticia, pero claramente insuficiente», insistió Santos. «En el 2010 se recibieron 75 millones y ahora se están teniendo 31, a los que habrá que sumar entre 2 y 3 de esta última aportación del Gobierno central», dijo.

El gerente indicó que «no es viable ni sostenible que la financiación del Gobierno central en estos últimos años disminuya mientras el número de personas atendidas aumenta significativamente», dijo. En Aragón, la DGA ha incrementado el número de personas atendidas en 7.800 en dos años, un 47% más de las que había cuando tomó posesión. Ese esfuerzo no ha tenido ningún incremento en la financiación por parte del Estado», dijo Santos.