No tienen claro los aragoneses cómo debe ser la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Si bien existe consenso acerca de la obligación de que este colectivo tenga acceso a la sanidad pública, las dudas residen en qué tipo de atención deben recibir. De hecho, el 58% de los aragoneses considera que los sin papeles deben recibir la misma asistencia en la sanidad pública que cualquier otra persona, según datos publicados recientemente en el último barómetro sanitario del ministerio.

El dato indica que la mayoría de los aragoneses exige igualdad en este ámbito, pero el porcentaje es de los más bajos de España e inferior a la media (casi un 65%). Solo Castilla La Mancha (52%) y La Rioja (53%) registran un volumen menor de partidarios de que los inmigrante regulares reciban idéntica atención sanitaria que cualquier otra persona.

La práctica totalidad de los aragoneses que considera que la asistencia debe ser diferente creen que la sanidad pública debe atender a los inmigrante en situación irregular, pero solo en determinadas situaciones. Lo entiende así el 35% de los encuestados, un volumen superior a la media (27%).

En este apartado, los aragoneses exigen que este colectivo sea atendido en igualdad en caso de urgencia (92%), pero las dudas aumentan cuando se cuestiona si el acceso a la sanidad pública también debe abordarse de forma obligada en caso de enfermedad que pueda afectar a la salud de otras personas. Entiende que debe ser así apenas el 50% de los aragoneses, un porcentaje notablemente inferior al 62% establecido en la media estatal. El equilibrio regresa cuando se cuestiona sobre la atención a las embarazadas. En ese caso, el 63,9% opina que deben tener acceso a la sanidad pública, un volumen prácticamente idéntico al del resto de comunidades (64,6%).

En todo caso, el porcentaje de aragoneses que defiende que los inmigrantes sin papeles no deben ser atendidos en la sanidad pública apenas alcanza el 2,7%. De hecho, es uno de los más bajos del país e inferior a la media (3,1%).

Cerca de 3.000 personas se han acogido a la cobertura sanitaria dispuesta por el Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés desde que el actual Ejecutivo decidiera, en agosto del 2015, que los extranjeros en situación irregular que vivan en la comunidad volvieran a tener derecho a la atención sanitaria.