El Juzgado de Instrucción nº 1 de Jaca (Huesca) ha acordado el archivo provisional de la denuncia penal interpuesta contra catorce personas, entre cargos técnicos del Gobierno aragonés y responsables de obras, por contaminación del cauce del río Gállego con lindano.
Fuentes judiciales han explicado a Efe que en su auto, la magistrada responsable del órgano judicial argumenta que no hay indicios ni pruebas fehacientes que confirmen la existencia de un delito contra el medio ambiente.
El juzgado de Jaca abrió diligencias en octubre de 2014 a raíz de una denuncia interpuesta por la organización Ecologistas en Acción en las que se advertía de presuntas irregularidades en el traslado de residuos del pesticida lindano a su nueva ubicación en el vertedero de Bailín, en el término municipal altoaragonés de Sabiñánigo.
Las supuestas irregularidades también fueron investigadas, a instancia de los conservacionistas, por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que también constató el flujo de residuos del referido pesticida al río.
Dichas fuentes han explicado que algunos de los testimonios sobre los que se construyó la argumentación de la denuncia no fueron confirmados ante la instructora en las comparecencias judiciales celebradas.
Fiscalía y Abogacía del Estado, en representación de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), deberán pronunciarse a lo largo de los próximos días sobre el archivo de la causa, decisión adelantada hoy por Radio Huesca.
Durante la instrucción, que fue declarada compleja a petición de la fiscalía, la jueza hizo comparecer como investigados al jefe del Servicio de Control Ambiental del Gobierno aragonés y a uno de sus técnicos, así como a cinco responsables de la empresa pública Sarga y a siete de la UTE adjudicataria de los trabajos, Bailín Etapa II.
La denuncia responsabilizaba a todas estas personas de actuar de forma "temeraria" en el manejo de las cientos de miles de toneladas del residuo que fueron desplazados a una nueva ubicación dentro del recinto del vertedero de Bailín, y de favorecer fugas hacia el río.
Ahora, la juez considera que no existen indicios ni pruebas de que el proceso se llevara sin cumplir con las normativas establecidas en materia de salud pública y los procedimientos de seguridad ordenados por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno aragonés.
