El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, justificó la investigación realizada con respecto a una de sus trabajadoras, la exnotaria interdiocesana María del Carmen Amador, asegurando que lo hizo «conforme a derecho y a las normas de la Iglesia», que no son tan diferentes a las del Estado. Así lo mantiene la Audiencia Provincial de Zaragoza que acaba de archivar la investigación en contra del arzobispo de Zaragoza; del ecónomo diocesano, Ernesto Meléndez, y del informático, Jorge Pina Gregorio.

Hasta ahora, estaban imputados por un delito contra la intimidad por «descubrir y vulnerar la intimidad de la empleadora, sin su consentimiento, mediante la clonación del disco duro extraído del ordenador de trabajo, de sus mensajes de correo electrónicos y de sus conversaciones de Whatssap archivadas y guardadas en dicho soporte».

Quienes firman dicha anulación, en contra de la Fiscalía, la Udyco Policía Nacional y del propio juez instructor, son los tres magistrados de la Sección Sexta del tribunal provincial, Carlos Lasala, Francisco Picazo y Alfonso Ballestín. Critican el uso que la denunciante realizó del equipo informático de la Iglesia. «No podía darle a su ordenador de trabajo un uso privado y usarlo para perjudicar a su empleador, pues, según los indicios existentes, lo empleó para remitir correos electrónicos y mensajes de Whatsapp difamatorios contra el Arzobispado de Zaragoza que era, en definitiva, su patrono», apuntan.

Se basan en la declaración sumarial de la propia denunciante, quien afirmó: «que sabía que tenía el deber de usar el ordenador sólo para sus actividades profesionales». Por todo ello afirman, como publica Heraldo, que la facultad del Arzobispado fue «legítima, justificada, proporcional e idónea para la finalidad pretendida porque era el único medio para confirmar las vehementes sospechas que recaían sobre María del Carmen Amador como la persona que emitía esos mensajes difamatorios».