La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha archivado definitivamente, tras la desestimación de un recurso de apelación, la querella interpuesta por UPD de Pinseque contra varios responsables municipales del periodo 2004-2006, un familiar y un técnico por la supuesta comisión de irregularidades de tipo administrativo y urbanístico en detrimento de las arcas del consistorio. Entre los querellados figura el actual alcalde, Juan Luis Melús.
En el auto de sobreseimiento se establece que "no se aprecia transgresión alguna del ordenamiento jurídico", que "no consta mínimamente justificado que el consistorio resultara perjudicado" y que tampoco se ha demostrado que los imputados "se enriquecieran como consecuencia de los hechos denunciados".
El caso hacía referencia a dos convenios, realizados supuestamente sin control administrativo, entre el Ayuntamiento de Pinseque y la sociedad mercantil Golf Los Lagos, SL para el apoyo económico al club deportivo local, por sendos importes de 83.918 y 45.000 euros. Asimismo, los querellantes sostenían que esa ayuda económica estaba vinculada con la enajenación de fincas municipales y de particulares y su posterior recalificación con el fin de llevar a cabo ambiciosos desarrollos urbanísticos.
"PRONUNCIAMIENTO JUSTO"
Sin embargo, el magistrado ponente de la Sección Sexta avala en todos sus extremos los fundamentos de Derecho del auto de sobreseimiento provisional dictado en enero por el Juzgado de Instrucción número 8, en el cual se hacía constar que no se dan las condiciones para que existan los delitos de prevaricación y cohecho de que habían sido acusados Melús (entonces concejal de Urbanismo), la exalcaldesa María Pilar Sánchez y un hermano, el exconcejal de Deportes Enrique Badía y el excoordinador de Deportes Alberto Salvo.
Los querellantes sostenían que el dinero de los convenios había permitido montar una estructura delictiva con la que los máximos responsables municipales obtenían ingresos irregulares. Pero, según la investigación judicial, esas cantidades fueron devueltas total o parcialmente y los terrenos, cuya venta estaba autorizada en el caso de algunas parcelas, no se llegaron a recalificar al final.
"Con este pronunciamiento justo la Audiencia de Zaragoza cierra definitivamente el asunto y deja zanjado que la actuación de todos los imputados se ajustó a Derecho en todo momento", manifestó ayer el representante legal de Alberto Salvo, el letrado Diego Gracia Pola, que se congratuló de que el proceso no pueda ya seguir adelante.
