La Junta de Compensación de Arcosur, la promotora del barrio del sur de Zaragoza, asegura que pagó 24,6 millones de euros a Plaza por el emisario de aguas pluviales y un colector de fecales al que se conectó el área residencial.

Un imputado en el caso saqueo de Plaza, José Luis Bellido, declaró el pasado viernes ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza que la UTE liderada por Acciona ejecutó y financió varias obras que sobredimensionó para que, además de a la plataforma logística, dieran servicio a Arcosur, que se enganchó a ellas. La urbanización del barrio fue ejecutada por una UTE con la misma composición accionarial que la de Plaza.

El presidente de la Junta de Compensación, Antonio Olmeda, aseguró ayer en un comunicado que "todas las obras e infraestructuras llevadas a cabo en la urbanización han sido íntegramente financiadas por Arcosur".

Olmeda admitió que "entre diciembre del 2002 y agosto del 2005, Plaza gestionó, construyó y dirigió las obras de un emisario de aguas pluviales" con capacidad para evacuar 32 metros cúbicos por segundo, de los que corresponden 20 a la urbanización, "y un colector de aguas pluviales que da servicio íntegramente a Arcosur".

ABONO La Junta de Compensación, "en virtud de un acuerdo suscrito entre Arcosur y Plaza el 18 de octubre del 2002", abonó a la empresa pública 24.663.528 euros por el 62,5% del emisario y el total del colector.

Más tarde, entre el 2007 y el 2009, señaló, "Arcosur ejecutó las conexiones desde Valdespartera hasta Plaza", con lo que las conducciones entraron en servicio en octubre del 2009.

'CASO PDL' Por otro lado, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha avalado en un auto la personación de la entidad Manos Limpias para ejercer la acción popular en el caso PDL, en el que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, investiga la posible existencia de delitos en el pago de 3,1 millones de euros por una parte de las obras de la nave de Caladero.

La jueza debe decidir si archiva la causa, en la que hay imputados cuatro exaltos cargos de empresas públicas de la DGA, o continúa las investigaciones.