El banco de ADN que ha puesto en marcha la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido (Arico) ya está en funcionamiento aunque aún no haya dado señales de vida del registró público de Aragón, a pesar de que la legislación obligue a su puesta en marcha. «Hace falta voluntad», insiste el presidente de la institución memorialista de la comunidad, Miguel Ángel Capapé, mientras esta entidad hace cuentas para poder culminar la exhumación que desarrolla en Angüés con un homenaje digno. Son los problemas del cambio en las instituciones, que lo ha dejado todo cogido con pinzas.

El banco de ADN de Arico se encuentra una sede provisional cedida por el Ayuntamiento de Zaragoza a la asociación para desarrollar su actividad frente a la antigua cárcel de Torrero. Un local al que de momento no quieren llevar demasiado mobiliario por si el nuevo Gobierno municipal -de PP y Cs con el apoyo de Vox- decide desalojarlos.

La asociación custodia una veintena de muestras que ha recogido desde el pasado mes de abril para luego enviar a un laboratorio privado, ya que de momento no llega el banco de ADN que prevé la ley aragonesa y reniegan de volver a trabajar con la Universidad de Zaragoza debido a malas experiencias pasadas.

Fuentes del Gobierno de Aragón achacan esta situación al particular momento político actual: un Ejecutivo en funciones con los últimos presupuestos prorrogados, lo que deja poco margen de maniobra. Pero recalcan que durante la última legislatura se ha avanzado más que nunca -y más que en otros lugares- en esta materia.

Durante este mes de julio, Arico ha comenzado también la exhumación de una fosa común en el cementerio de Las Mártires de Huesca, donde están enterrados doce vecinos de Angüés asesinados a principios de 1937. De momento hay presupuesto para la exhumación, pero no para el ADN ni para el memorial, para lo que necesitarán de nuevas subvenciones, por lo que igual el entierro tienen que hacerlo en 2021, lamenta Capapé.

CIEN AÑOS

Antes, en los mejores tiempos, entre todas las asociaciones podían abrir hasta 7 u 8 fosas al año, mientras que al ritmo actual se necesitarían cien años más para actuar en todas. Y los principales afectados no tienen tanto tiempo.

Es una cuestión de «voluntad y ganas», repite continuamente el representante de la asociación memorialista, quien reclama medidas más allá de actos públicos para inaugurar monolitos. La solución que proponen es que la DGA cree equipos que trabajen todo el año en la apertura de fosas y en la identificación de cadáveres, cuyos datos se podrían identificar con el banco público de ADN.

Mientras, siguen los trabajos en la fosa de Huesca en la que reposan los vecinos de Angüés. Hace unos meses se hizo muy conocida la foto del veterano Martín Arnal tras recuperar los huesos de su hermano al que ya se pudo identificar.