La modificación de la normativa sobre vivienda que impulsa la DGA, en este caso a través de una reforma de la Ley de Fianza en los Arrendamientos Urbanos y en Determinados Contratos de Suministro, incluye una llamativa novedad: los arrendadores de VPO podrán exigir a los inquilinos que les entreguen como fianza en efectivo "un importe no superior a cuatro mensualidades de la renta pactada", según recoge el proyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Gobierno de Aragón para este año. Ahora solo pueden pedir un aval.