El Arzobispado de Zaragoza mantiene la tranquilidad ante la posibilidad de que el Gobierno les reclame La Seo o La Magdalena por haber inscrito dichos templos a su nombre aprovechando la reforma de la Ley Hipotecaria que hizo José María Aznar en 1998. Desde dicha institución insisten en que «el 9 de marzo del 2018» la Dirección General de Patrimonio dictaminó que la propiedad era indiscutible de la Iglesia» y suscriben las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, quien señaló que «parece una desamortización encubierta».

El portavoz del arzobispado, José Antonio Calvo, aseveró que la explicación del Ejecutivo socialista de que el artículo 132.1 de la Constitución Española consagra los principios de «inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público se está utilizando fuera de contexto». En la línea de la Carta Magna, Calvo quiso remarcar que el artículo 46 de la Constitución recoge que el patrimonio de España puede tener distintas titularidades. Desde la Iglesia resaltan que la inmatriculación de los bienes es «un derecho que existe fuera del mismo porque todo lo que es de uno se puede registrar».

Ante esta polémica, esta institución religiosa siempre ha remarcado que el proceso de inmatriculación por certificación «no es, en ningún caso, un mecanismo de adquisición de la propiedad de un bien. El acto de registrar no concede la propiedad simplemente la registra». «Los bienes se adquieren a través de los sistemas que prevé la legislación con carácter general y, por tanto, a través de los mecanismos de inmatriculación por certificación previstos en la ley».

También destacaron que los bienes inscritos en propiedad de esta institución aportan una riqueza, cultural, educativa, religiosa y por supuesto, económica «muy relevante». Según un estudio publicado por la consultora PWC, la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes aportan a la economía nacional más de 22.000 millones de euros al año (2% del PIB).