Una cosa es la justicia divina y otra la terrenal. A esta última se ha acogido el Arzobispado de Zaragoza que mantiene una batalla en los juzgados contra quienes fueran los responsables de uno de los juzgados interdiocesanos, el exjuez Roberto Ferrer, y la exnotaria, María del Carmen Amador. Ambos fueron relevados de sus puestos laborales tras la polémica salida del arzobispo Manuel Ureña a los que parte de la curia zaragozana les hace responsable de que trascendiera a los medios.

Amador y Ferrer se enfrentan a una pena de 42 meses de prisión como supuestos autores de un delito de apropiación indebida y otro de falsedad de documento mercantil. Ambos de forma continuada. Una acusación, la de la Iglesia zaragozana, a la que se tendrá que sumar o no la Fiscalía Provincial de Zaragoza. La cantidad supuestamente sustraída a las arcas eclesiales ascendería a los 3.800 euros, según los cálculos de la arhidiócesis.

Unas penas que el arzobispado apoya en un relato de hechos en los que describe que María del Carmen Amador «se prevalió de su condición de auditora y notario en el Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia del Arzobispado de Zaragoza para aprovecharse de las autorización bancaria que disponía y de la confianza en ella depositada».

En función de ello, según el escrito de acusaciones al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, presuntamente libró diversos cheques al portador contra la cuenta corriente de la Iglesia de Zaragoza en Ibercaja.

3.800 EUROS / En dicha cuenta se ingresaban las cantidades que en concepto de provisión de fondos entregaban los litigantes que acudían a este tribunal. Ello incluía lo relativo a las tasas del propio juzgado, a los honorarios de los propios abogados y procuradores, así como también la de los peritos psicológos que iban a intervenir en las correspondientes pruebas periciales.

Así las cosas, la acusación particular entiende que entre el 11 de enero y el 22 de junio del 2015, «María del Carmen Amador libró once cheques al portador, los cuales fueron presentados al cobro por la propia Amador en sucursales de Ibercaja Banco».

Todos los cobros, al parecer, fueron librados con la firma de la exnotaria y «entregados a Ferrer, quien era conocedor del origen de dichos fondos, disponiendo así de dicho dinero (3.800 euros) para fines ajenos a los que resultan propios del tribunal eclesiástico».

Para ocultar el destino que se daba al dinero, presuntamente, Amador «realizó notas manuscritas en la matriz de los talonarios que asentaban los cheques por ella emitidos, actuando de común acuerdo con Ferrer, simuló las cantidades que iban destinadas al pago de los servicios profesionales de un perito». Añade el arzobispado que Amador y Ferrer eran «plenamente conscientes» de que este especialista había renunciado al cobro de sus honorarios profesionales, a partir del año 2014.

La Iglesia zaragozana reprocha en su escrito que en el Libro de Caja del tribunal interdiocesano se hiciera constar con conocimiento y consentimiento de Ferrer que dichos cobros «se correspondían con el irreal concepto de Perial». Durante la instrucción, tanto la exnotaria como el exjuez rechazaron las acusaciones.