El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, admitió ayer ante el juez que fue suya la orden de rastrear el ordenador de la exnotaria del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia de Zaragoza, María del Carmen Amador. Lo enmarcó en el ámbito laboral y siempre «conforme a derecho y a las normas de la Iglesia, buscando el bien de la diócesis y de los derechos de las personas». Estaba citado a declarar en calidad de investigado (antigua imputación) por el caso espionaje ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de la capital aragonesa, Luis Fernando Ariste.
Según fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO, Jiménez llegó a señalar que inicialmente desconocía que en el interior de este soporte informático había conversaciones personales de su teléfono móvil que, supuestamente, Amador copió de forma accidental en su ordenador. A pesar de ello, esos datos fueron utilizados en una denuncia canónica contra la exnotaria (a la que se le despidió improcedentemente, tal y como admitió el prelado) y contra dos sacerdotes: el vicario judicial, Roberto Ferrer, y el profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) Antonio Mas. En dicha querella, que actualmente está en manos de la Signatura Apostólica, se les acusa a los tres de crear un grupo de presión para «vertir calumnias y difamaciones» contra la Iglesia zaragozana.
De hecho, Vicente Jiménez hizo referencias expresas a estas tres personas y a su modo de actuar como si fueran una especie de triunvirato en el seno de la diócesis zaragozana. Reconoció que llegó a sentirse presionado por ellos, según estas mismas fuentes.
En su día, la exnotaria admitió estar detrás del informe que, a instancias del actual arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se envió a la Santa Sede, en el que se denunciaban supuestas irregularidades del entonces arzobispo Manuel Ureña en la gestión del caso del diácono de Épila por supuestos abusos. Ureña renunció «por motivos de salud», aunque en realidad lo hizo presionado por el papa Francisco.
LOS OTROS IMPUTADOS
Jiménez destacó, según estas mismas fuentes, que tenía sospechas de que Amador era la artífice de determinadas filtraciones a la prensa, por lo que ante estas evidencias decidió llevar a cabo el volcado de información del ordenador. Junto a Jiménez también declararon el ecónomo Ernesto Meléndez y el perito informático que rastreó el ordenador, Jorge C. P. Ambos coincidieron en asegurar que cumplieron órdenes de la superioridad.
Quien más explicaciones intentó ofrecer al instructor fue el informático, que reiteró que el análisis fue «una búsqueda ciega», es decir, que desconocía el contenido que había en el ordenador. Señaló, además, que las palabras clave con las que estudió el disco duro se las ofreció el propio arzobispado .
Una declaración cuestionada por los abogados de la exnotaria, Carlos Sánchez y Susana López, puesto que «no destacó esta metodología en el informe, tal y como hacen los peritos». De la declaración del arzobispo señalaron que «Jiménez se ha escudado en que el fin justifica los medios».
El juez les imputa un delito de revelación de secretos e intromisión en la intimidad, ya que entiende que la propiedad del ordenador por parte del empleador «no conlleva dejación del derecho a la intimidad de la usuaria del mismo respecto de las conversaciones privadas de ella en un móvil personal». De hecho, en su último auto señala que hay «indicios de delito» contra los imputados en ese asunto.
La investigación canónica derivada de este rastreo permanece paralizada en la Signatura Apostólica.
