La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza ha emitido un informe en el que ratifica la postura del equipo de Gobierno municipal contraria a la adquisición de autobuses eléctricos con cargo al remanente de tesorería del ejercicio de 2017, por un importe de 2,4 millones de euros, para su posterior utilización en el servicio urbano.
En una nota de prensa, fuentes municipales recuerdan que este informe se había solicitado como consecuencia del voto particular presentado en la Comisión Plenaria por los grupos municipales (excepto ZEC), por el que se proponía que se modificara el dictamen inicial propuesto por el consejero de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, y que se incluyera como parte del destino del remanente la adquisición de autobuses eléctricos por importe de 2,4 millones de euros.
En el informe jurídico se distingue entre legalidad presupuestaria y legalidad contractual. La primera, según las fuentes, se halla cumplida, y sobre la segunda advierte de que compete al concesionario la adquisición de vehículos para el servicio que presta, por lo que su adquisición por parte del Ayuntamiento sería "contraria al contrato suscrito y en vigor".
Por su parte, el informe del Departamento de Movilidad expone los inconvenientes de la modificación contractual y manifiesta que sería necesario acometerla si es que se pretendiera adquirir los vehículos a cargo del Ayuntamiento y adscribirlos a la concesión.
En consecuencia, la Asesoría Jurídica remarca la coincidencia de los informes emitidos, en el sentido de que el contrato actualmente existente con el concesionario "impide que el Ayuntamiento adquiera con su dinero propio los autobuses eléctricos para, seguidamente, adscribirlos a la concesión".
El informe alude de forma exhaustiva a la normativa y la jurisprudencia para concluir que la adquisición municipal de vehículos para adscribirlos a la concesión precisaría de la modificación del contrato, que se presenta "ciertamente complicada" desde el punto de vista técnico pero también y fundamentalmente jurídico, "al romperse el equilibrio del contrato y la equivalencia de las prestaciones sin ser conocida contraprestación alguna".
Se romperían, agrega el informe, las reglas de la libre competencia, concurrencia y publicidad y se alterarían "sustancialmente" las condiciones del contrato.
