La delegación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Ciudad Real reclamó ayer al Ministerio del Interior la suspensión cautelar "inmediata" en sus funciones de comandante para el oficial que fue denunciado el pasado domingo por cazar dos sarrios de forma ilegal junto a otras tres personas en la reserva de Viñamala (Huesca).

A raíz de las información publicada ayer por EL PERIODICO DE ARAGON, según la cual el comandante es el tercer jefe de la Comandancia de Ciudad Real y antiguo jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la provincia, la AUGC emitió un comunicado en el que denunciaba lo sucedido.

En el texto, la asociación, mayoritaria dentro del Cuerpo, pidió "la inmediata suspensión cautelar en tanto no se resuelva la presunta infracción o delito cometido por este componente de la Benemérita, que daña la imagen de la institución". A su juicio, "por su razón de guardia civil está obligado a dar ejemplo, a perseguir cualquier infracción y a no llevar a cabo ninguna implicación culposa".

La AUGC de Ciudad Real reivindicó que "ya va siendo hora" de que algunos mandos "vayan perdiendo sus privilegios, amparados por los gobiernos de cualquier signo". Y mostró su "repulsa" por una actuación "totalmente reprobable para cualquier ciudadano, pero más aún si la ciudadanía deposita su confianza en esta persona para mantener la riqueza cinegética y el orden".

Según fuentes del Seprona, los denunciados carecían de licencia para ejercer la actividad en Aragón, pero tenían permiso para actuar en el coto de Fanlo y matar dos ejemplares. Al parecer, el sábado estuvieron en el coto y, al no capturar ningún sarrio, decidieron adentrarse al día siguiente en la reserva y emplear los precintos para que diera la sensación de que los dos sarrios se habían cazado en Fanlo. Y aunque un ejemplar se encontró decapitado en el coto --le colocaron un precinto de hembra para un macho--, el otro se halló en el coche que conducían en la reserva. Ahora bien, el Seprona cree que los dos se abatieron en Viñamala.

Por otra parte, el Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca determinará si las infracciones detectadas son constitutivas de delito o de una mera sanción administrativa, que podría alcanzar los 6.000 euros.