La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa va a solicitar al Justicia, Ángel Dolado, un análisis respecto a la constitucionalidad de la Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón recientemente aprobada en el parlamento autonómico.
Para esta asociación, la ley, aprobada a partir de una iniciativa legislativa de Chunta Aragonesista, "lesiona valores constitucionales y derechos fundamentales de los ciudadanos, al menoscabar su capacidad de decisión política", que queda "sometida a una visión historicista de ideología nacionalista incompatible con el pluralismo político que es valor superior del ordenamiento jurídico español".
En una nota de prensa, la asociación afirma que la ley modifica contenidos esenciales del Estatuto de Autonomía de Aragón, y ponen como ejemplo la condición política de aragonés, los símbolos de Aragón o las instituciones autonómicas.
"No cabe admitir que una ley autonómica, mediante una mera apelación a los derechos históricos de los aragoneses, desconozca de manera tan palmaria el principio de jerarquía normativa que articula el ordenamiento jurídico" y que ignore, añade la asociación, "la supremacía de la Constitución Española y la subordinación de la ley autonómica al Estatuto de Autonomía de Aragón" .
Por tanto, la asociación pide al Justicia que analice si la ley de derechos históricos de Aragón desconoce la posición preferente del Estatuto de Autonomía y altera su contenido, quebrando el principio de jerarquía normativa, lo que constituye, advierten, "un evidente vicio de inconstitucionalidad".
También si la ley desconoce los derechos de los ciudadanos, cuya expresión fundamental se encuentra en el Título Primero de la Constitución Española, figurando entre ellos el derecho a la libertad ideológica y al pluralismo político.
Aspectos, incide la asociación, "contra los que la nueva ley se levanta mediante una visión ideológica imposible de compartir y de respaldar, pues la historia no puede convertirse, en ningún caso, en dogma legal que cercene la diversidad y el debate sobre el pasado y sobre el futuro de las sociedades".
Así, la asociación hace hincapié en que corresponde al Justicia de Aragón señalar todos los contenidos improcedentes de esa ley y reclamar su modificación o derogación.
