Hace ya casi tres años que entró en vigor el nuevo sistema de exámenes para la obtención de la nacionalidad española, con los que se intenta acreditar de forma más objetiva el nivel de integración de los inmigrantes que quieren ser españoles, tanto en conocimientos del país como del idioma. Pero con aprobar el examen no acaba el problema: algunos declarados aptos a través de los test hace dos años, incluso cerca de tres (se implantó en octubre del 2015), aún no han recibido la resolución y el pasaporte.

Es el caso de Darling Suazo y Mandiaye Kante, todavía nicaragüense y senegalés, respectivamente, pese a haber aprobado ya los exámenes. Ella, el denominado CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), y él también el de idioma, correspondiente a un nivel A-2. Ya van para dos años de espera. «El examen no pesa tanto, es más la espera, la incertidumbre», explicaba la joven. En el caso del hombre, además, su hija nació recientemente, y está siendo «más complicado» hacer las gestiones no siendo todavía español.

Pese las complicaciones, ambos se mostraban satisfechos de haber conseguido su ansiada calificación de apto en los exámenes. Algo que no garantiza la nacionalidad, pero es en principio uno de los requisitos fundamentales. Para ello tuvieron que prepararse, en el caso del CCSE, y contaron con la ayuda de la abogada Laura Sorribes, de la firma zaragozana Espacio Pangea.

Según explicaba la letrada, el nuevo sistema de exámenes es «más objetivo», al basarse en más preguntas; antes, era un funcionario del Registro Civil el que realizaba un breve cuestionario. Aun así, para muchos el anterior parecía «más fácil», según explicaba Mandiaye. Muchos de sus compatriotas «prefieren esperar a que lo vuelvan a cambiar», porque el examen «asusta un poco». Antes incluso cambiaban de residencia en busca del registro civil que tenía fama de aprobar con más facilidad.

En el sistema actual, explica la letrada, algunos de los requisitos para adquirir la nacionalidad, como la documentación, no han variado, aunque ya no se pide la acreditación de medios económicos. Por contra, ahora hay que pagar una serie de tasas, como 85 euros por el CCSE y 124 por el de lengua, además otros 100 euros al ministerio. Y contar con ciertos elementos obligatorios como un correo electrónico. «Yo he tenido que crear cuentas aquí, no todo el mundo tiene», explicaba la letrada.

El examen consta de unas 300 preguntas posibles, extraídas de un manual del Instituto Cervantes, de las que se efectúan 25 en el examen, divididas en bloques sobre estructura constitucional y política, cultura española o geografía. Se prepara estudiando y haciendo test, como si fuese una autoescuela, y los dos aprobados reconocen que, trámite aparte, es útil. «La parte de la estructura constitucional es difícil, pero aprendes mucho», decía Darling.

En el caso de Mandiaye, le pareció bastante más complejo el de lengua. Pese a que habla castellano a la perfección, reconoce que, la parte de escuchar, le costaba. «Y eso que yo, desde que llegué de pequeño, me he preocupado por aprender español y todo lo que he podido», afirmaba.

Para la abogada, el sistema actual es más justo pero también deja lagunas, porque la integración se demuestra «de muchas maneras». Y sin contar con el analfabetismo, un aspecto que la ley contempla pero que no está desarrollado como excepción.