Hoy se cumple una semana del atropello mortal en Tudela del joven zaragozano Carlos Pellejero, y su presunto autor, Abel Las Peñas, ya está en prisión esperando la evolución de las pesquisas y el futuro juicio. Pero quien espere una larga condena por estos hechos, no tiene buenos precedentes por comparar. Sin salir de Aragón, y salvo algún caso puntual, los atropellos que más han conmocionado a la sociedad han quedado a menudo en penas relativamente cortas, de cuatro años.

Así sucedió, por ejemplo, en el caso del ocurrido en noviembre de 1999 en un paso de cebra frente al centro comercial Augusta, por entonces el hipermercado Continente. Un conductor ebrio, Miguel Moreno Sancho, remontó la acera con su furgoneta y causó la muerte de una madre y su hija, además de herir a otras seis personas. Su conducta le valió una condena de cuatro años de cárcel y una indemnización de 297.000 euros.

HUESCA / Años después, la historia se repetiría en Huesca, con la misma pena para Víctor Manuel López, el joven que causó otras dos víctimas mortales y siete heridos con un atropello múltiple a la salida de la discoteca Manhattan, en julio del 2007. Una pena que, eso sí, cumplió íntegra.

Son dos de los casos más célebres, pero no los únicos, en los que las condenas han generado cierta incomprensión social por la duración. Incluso cuando esta es relativamente alta para su jurisdicción, como el caso del menor de Barbastro que arrolló mortalmente a un guardia civil que le daba el alto en un control, en marzo del año pasado. Fueron finalmente ocho años de reclusión para él.

Las reacciones de indignación se suceden con cada condena y con cada puesta en libertad, como la inicial del autor del atropello mortal a dos ciclistas en Botorrita, Leoncio Moreno, aún pendiente de juicio por estos hechos. Pero la prisión provisional es una medida excepcional y, salvo la alarma social, en estos casos hay poco que la justifique, ni mucho riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Las víctimas y las asociaciones que las representan suelen pedir un mayor castigo para estas actitudes, sobre todo para quienes, además de atropellar, se fugan.

Desde Stop Accidentes inciden en «la necesidad de educar en seguridad vial». Para su delegado en Aragón, Miguel Ángel Bernal, «omitir el deber de socorro es una falta de respeto a todos los órdenes de la vida, es muy condenable». Aunque el delito esté castigado con hasta cuatro años de prisión, por su experiencia, «al final, el delito de homicidio imprudente es el principal y acaba saliendo gratis el no ayudar a una víctima. Hay que aplicar bien la ley o cambiarla», mantiene.