A falta de varias causas judiciales que todavía tiene pendientes, el constructor y expresidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, solo ha podido ser castigado con una pena, la de banquillo. A las dos absoluciones anteriores relacionadas con sus trabajos en la Plataforma Logística Plaza se añade desde ayer otra por el caso Aulario, una operación inmobiliaria por la que se enfrentaba a 8 años de prisión.
La Audiencia Provincial de Zaragoza hizo pública ayer una sentencia en la que dictamina que Iglesias no perjudicó económicamente a la sociedad pública (que en aquel momento estaba participada no solo por la DGA como en la actualidad, sino también por el ayuntamiento de la capital aragonesa, Ibecaja y Caja Inmaculada) con la venta de unas instalaciones de Formación Profesional (FP) y que tampoco engañó a la Justicia, en un pleito civil, con una factura y una certificación de unos trabajos no realizados.
EL INICIO
En la sentencia, redactada por el que fuera alcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch y sin votos particulares de los otros dos magistrados que conforman el tribunal -Javier Cantero y Esperanza de Pedro-, se recuerda que este pleito se remonta a una venta, por 18 millones de euros, de una parcela de 88.235 metros acordada por el consejo de administración de Plaza, en junio del 2004. La empresa se reservaba una superficie de 12.000 metros cuadrados. Fue en el 2007 cuando Plaza y las empresas del grupo de Agapito Iglesias firmaron un compromiso de compra-venta de los futuros edificios que se iban a construir en esta parcela especial. El precio fijado por ese aulario de FP fue de 6,4 millones de euros más IVA, si bien en el 2011 se elevó a escritura pública la venta de Agapito Iglesias a Plaza por valor de 7,4 millones. Esa diferencia de precio es lo que llevó al banquillo a Agapito Iglesias por la vía civil en el 2012. El Juzgado en cuestión señaló que el precio fue el de mercado, pactado libremente, y que la factura que se presentó en la causa no había implicado un aumento del mismo. Sin embargo, la DGA, tas estudiar la documentación aportada, observó que una factura podía ser falsa para conseguir salir indemne y decidió interponer la denuncia penal por la que acaba de ser absuelto.
Los magistrados encargados de dirimir este asunto afirman que no ha quedado acreditado que Plaza perdiera dinero con la operación, ni que Iglesias fuera el encargado de redactar las certificaciones de obra ni de emitir las facturas.
Resalta el tribunal que el empresario no tuvo la iniciativa de entregar la factura en la causa civil, sino que fue requerida en varias ocasiones. Una actuación que cuestionan los magistrados al considerar que lo lógico es que cuando alguien trata de engañar al juzgador de su caso lo haga desde el inicio. Sobre si se hicieron o no los trabajos de relleno y saneo de la parcela, resaltan los «abundantes y contradictorios» informes periciales aportados en el juicio. «Si bien las obras se hicieron, estas no fueron ni tan mínimas como las alegadas por las acusaciones ni tan ingentes como dice Iglesias». Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida en el Supremo.
