La Audiencia de Zaragoza ha avalado las pesquisas que la Fiscalía Anticorrupción y la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía) están efectuando dentro del caso saqueo de Plaza.
La Sección Primera del tribunal provincial ha rechazado el recurso de las defensas de los exgerentes de la UTE liderada por Acciona, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, contra el auto por el que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza --José Ignacio Martínez-- desestimó su petición de reclamar al ministerio público y a la Policía que entregaran todas las diligencias y ordenarle que dejara de practicar pruebas fuera de la sede judicial, además de convocar una vistilla para debatir si las actuaciones debían ser declaradas nulas.
Tanto Anticorrupción como la DGA y Plaza apoyaron la resolución del juez, que desestimó una por una las peticiones de los altos cargos de Acciona.
La defensa de los exgerentes presentó el incidente tras enterarse de que en febrero había comparecido como testigo en la Jefatura Superior de Policía A. V., exjefe de producción y de obra de Plaza, cuya declaración ya ha llevado a la detención e imputación de dos personas.
COBERTURA La Audiencia recuerda a los abogados de Bretón y de Jordán que la práctica de diligencias por parte de la Fiscalía dentro del procedimiento "tiene cobertura legal" en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que específicamente le habilita para aportar medios de prueba a la causa y para dar a la Policía Judicial "instrucciones generales o particulares para el más eficaz cumplimiento de sus funciones".
La resolución también señala que los principios de contradicción y de igualdad de armas entre las partes de un proceso entran en juego cuando esas diligencias son incorporadas a la causa.
El tribunal indica que la Fiscalía "para poder aportar pruebas al procedimiento ha de obtenerlas previamente, y para ello ha de recurrir a algún mecanismo de averiguación y obtención de las mismas, mecanismo que no puede ser otro que su propia actividad o el auxilio de la Policía Judicial, que constitucional y legalmente de él depende".
