La empresa Inquinosa de Sabiñánigo, condenada hace un año a pagar 6,5 millones de euros por el vertido de residuos tóxicos, será finalmente embargada para hacer frente a los gastos judiciales ocasionados.
La decisión de la Audiencia de Huesca se adopta a instancias de un gabinete de procuradores que reclamó el embargo de los únicos bienes de la empresa detectados, la planta industrial de Sabiñánigo y la parcela donde se extiende, para cobrar los gastos originados durante los distintos trámites y recursos.
El equipo de procuradores de Huesca explicó a Efe que la iniciativa adoptada se dirige de únicamente a satisfacer los gastos facturados a la empresa en los últimos años y no para obtener beneficios.
Las negociaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Sabiñánigo para que adquieran estos terrenos no han fructificado por lo que desde el gabinete se estudian otros posibles compradores antes de recurrir a la subasta de las propiedades. El Gobierno aragonés, que interpuso la demanda civil que se resolvió con la multimillonaria indemnización, ha rechazado hasta el momento solicitar el embargo de estos bienes.
Fuentes del Ejecutivo autónomo explicaron que el posible grado de contaminación de las instalaciones industriales de Inquinosa --cerrada desde hace 15 años--, y la limpieza de los terrenos exigiría una inversión tan elevada que su no "compensaría" la cuantía de la indemnización demandada. La sentencia condenatoria imputaba a la empresa el pago de los costes de impermeabilización y sellado de los vertederos de Sardas y de Bailín, cifrada en 4,6 millones de euros, y al director general de Inquinosa, Jesús Herboso, a pagar otros 1,8 millones por un vertido puntual al vertedero sabiñaguense de Bailín al barranco del Paco.
