La Audiencia de Zaragoza ha decidido mantener las medidas acordadas por el instructor del denominado "caso Plaza" contra las constructoras Acciona y Mariano López Navarro para asegurar el cobro de posibles indemnizaciones vinculadas al presunto fraude inmobiliario.
El auto de este tribunal confirma en todos sus extremos el dictado en octubre del año pasado por el del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza para denegar la petición de las constructoras de establecer únicamente una "fianza pignoraticia" (afecta sólo a bienes muebles) y de rechazar otros medios legales.
La Audiencia de Zaragoza señala que las fianzas y los embargos están previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) y advierte de que para garantizar la plena efectividad del texto legal se establecen diversos medios destinados a favorecer la "potencialidad real y no ilusoria" de las medidas acordadas para garantizar la responsabilidad.
Destacan además los magistrados que es el juez instructor quien tiene que apreciar la potencialidad de las medidas que establece a las partes denunciadas para hacer frente a las posibles indemnizaciones objeto de la querella.
Argumentan, respecto a la oferta de una fianza pignoraticia que actuaría sólo en relación a los bienes muebles, que la fluctuación del precio de las acciones de una empresa, "máxime cuando se encuentra sometida a un procedimiento", no es suficiente para garantizar las responsabilidades solicitadas.
La Audiencia hace público su auto días después de dar los primeros pasos para poner fecha a la celebración del juicio por el presunto fraude de casi 150 millones de euros en la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza que sentará en el banquillo a 25 personas, entre responsables políticos, empresarios y técnicos.
El caso se articuló a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación considera la existencia de un plan urdido en 2002 por los principales responsables de ejecutar las obras de la plataforma para obtener beneficios ilícitos.
El fiscal estima que se produjeron adjudicaciones fraudulentas de contratos a la UTE Acciona-Mariano López Navarro y a Intecsa-Inarsa, sobrefacturación de los trabajos ejecutados mediante el aumento de los precios y certificaciones ficticias y facturaciones falsas.
Estima que se produjo un desvío total en perjuicio de Plaza por valor de 147,3 millones de euros, 43,1 en la primera fase de los trabajos y 104,2 en la segunda.
Por estos hechos, que tipifica como diversos delitos económicos, el fiscal pide 23 años de prisión para el exgerente de la plataforma Ricardo García Becerril y 7 años y 8 meses para el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés Carlos Esco.
