Tras meses de frenos judiciales, el caso del Yak-42 dio ayer un nuevo y decisivo giro. La Audiencia Nacional se declaró competente para investigar los hechos anteriores y posteriores que rodearon la tragedia aérea, ocurrida el 26 de mayo del 2003 y que costó la vida a 62 militares españoles. Meses antes, la juez Teresa Palacios había cerrado esta vía judicial al archivar las denuncias penales presentadas por los afectados para exigir una profunda investigación y depurar las responsabilidades de los dos generales españoles que firmaron las identificaciones.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal dictó un auto en el que estima los recursos presentados por la Asociación de Familiares del Yak-42 contra la medida de Palacios. Esta es la culminación del cambio judicial iniciado por el nuevo fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien se mostró partidario de estudiar las reclamaciones de los familiares tras conocerse, como ya adelantó EL PERIODICO DE ARAGON, que hubo más de 20 errores en los reconocimientos --ya suman 23--. Así se lo hizo saber al fiscal Pedro Rubira, quien el pasado lunes se adhirió a los recursos.
La Audiencia Nacional precisó que debe ceñirse a determinar "la responsabilidad penal en que hayan podido incurrir determinadas personas de nacionalidad española antes y después" del siniestro "por supuesta dejación de sus obligaciones en el control de la contratación y modo de transporte de los militares españoles". También comprobará si de las certificaciones de defunción emitidas por los generales de división médicos Vicente C. Navarro y José Antonio Beltrán se deducen delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación.
Sin embargo, el auto señala que el tribunal no debe entrar "en principio" a conocer cómo se produjo el accidente aéreo, al haberse acreditado que dicha cuestión ya está siendo investigada en Turquía.
El documento elaborado por los magistrados Fernando Bermúdez y Félix Alfonso de Guevara deja en evidencia la actitud de Palacios, con quien muestran sus discrepancias al entender que se limitó a examinar la competencia.
En la resolución en la que se archivó la primera denuncia, el pasado 12 de noviembre, la juez sostenía que las irregularidades atribuidas a miembros del Ministerio de Defensa tuvieron lugar en territorio nacional, por lo que la investigación correspondería a otros órganos judiciales españoles. Sin embargo, el tribunal considera ahora que Palacios debía haber tenido en cuenta la posibilidad de que "algunos de los hechos denunciados pudieron tener lugar fuera del territorio nacional", según "se desprende de alguna de las irregularidades denunciadas".
La Sala aprecia que las comunicaciones y el contrato de chárter entre las empresas subcontratadas se dan en territorio no nacional, al igual que los problemas en el funcionamiento del aparato, en las identificaciones y en la comisión de investigación. Además, Palacios debía haber practicado una serie de diligencias para esclarecer si existe "conexión en los delitos por omisión de la diligencia o vigilancia debida por parte de los denunciados miembros del Ministerio de Defensa español en la contratación, vigilancia y control del transporte de los militares".
SATISFACCION FAMILIAR La decisión de la Audiencia Nacional provocó la satisfacción de los allegados, que pedirán la declaración de los exjefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Luis Alejandre Sintes, y del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno Barberá, "por cuanto están totalmente implicados en la contratación de los vuelos", explicó un abogado de las familias. Igualmente, exigirán que declaren Navarro y Beltrán, aunque el letrado no dijo si solicitarán la presencia del exministro de Defensa, Federico Trillo.
Por otra parte, el Estado Mayor de la Defensa y los de los tres Ejércitos acordaron ayer activar el Centro de Movimiento y Transporte Conjunto, que puede estar operativo a mediados de agosto y que dirigirá los medios de transporte de las tropas.
