La sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional celebró ayer la primera sesión del proceso contra la construcción del embalse de Almudévar -iniciado a instancias de un recurso de Ecologistas en Acción- en la que las partes defendieron sus respectivos informes acerca de esta infraestructura hídrica.
A la vista acudieron los representantes de la organización ecologista como parte demandante y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como parte demandada, además del sindicato UAGA como parte coadyuvante y de comunidades de regantes.
Esta prueba pericial llega después de que el tribunal admitiera a trámite el recurso que Ecologistas en Acción presentó en el 2017 contra su construcción, tras anular semanas antes el anteproyecto del embalse de Biscarrués.
La entidad medioambiental considera que no es sostenible y que no se recuperarían los costes de esta obra. La misma dispone de un presupuesto de 102 millones de euros y los trabajos para su construcción comenzaron el año pasado.
El representante de la entidad medioambiental en Huesca, Chesús Ferrer, explicó que las sensaciones en esta primera sesión fueron «buenas» y defendió los argumentos que la organización esgrime contra la infraestructura, donde ven «falta de transparencia y fraude de ley» en la elaboración del proyecto. También criticó el llenado del embalse por bombeo que, señaló, tendrá un coste de 2,5 millones de euros.
El abogado de UAGA, Pablo Martínez, aseguró que «se ha demostrado la corrección jurídica» de la construcción de la presa, asó como su viabilidad técnica, económica, social y ambiental. «No hay ningún criterio que fundamente la anulación del proyecto», aseveró.
En ese sentido, el letrado relató que no hay afecciones ambientales a masas de agua, cumple los criterios de recuperación de costes y, sobre todo, cumple un fin «de interés general»al abastecer el sistema de riegos del Alto Aragón.
