La Audiencia Nacional ha dictado un auto por el que rechaza la paralización de las obras del Plan Hidrológico Nacional (PHN) en la cuenca del Delta del Ebro que solicitaba la Generalitat de Cataluña, ya que entiende que existe "un interés relevante" en no interrumpirlas y no se aprecian daños derivados de su ejecución.

Así lo acuerda la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho tribunal en un auto del el pasado 2 de abril, en el que se opone a la suspensión del PHN en la cuenca del Ebro tal y como solicitaba la Generalitat en un recurso en el que impugnaba tres resoluciones administrativas sobre este aspecto.

Esta decisión ha sido interpretada de manera diversa por las partes afectadas y, mientras los gobiernos de Murcia y Valencia y la ministra de Medio Ambiente consideran que el auto es un "espaldarazo" a las tesis que han mantenido sobre la "legalidad y justicia" del trasvase para corregir los déficits hídricos de los destinatarios del mismo, la DGA, todos los partidos aragoneses, salvo el PP, y las organizaciones opuestas al trasvase lo califican de "anecdótico e intrascendente".

Recuerdan que la resolución judicial se ajusta a derecho, ya que se trata de una ley aprobada por el Parlamento, "pero la paralización de las obras del trasvase depende ahora de una decisión política que tendrá que tomar el nuevo Gobierno". No obstante, la Generalitat de Cataluña ya ha anunciado su intención de recurrir el auto de la Audiencia Nacional.

RESOLUCION En opinión del tribunal, "frente al interés inconcreto y difuso invocado --en el recurso--, se encuentra el interés público que se vería afectado por demora en la ejecución de las obras de infraestructura" autorizadas en el plan.

"En definitiva -precisa-, no cabe apreciar un daño o perjuicio derivado de la ejecución del acto impugnado; no es posible estimar peligro en la demora; no hay apariencia de buen derecho; y existe un interés relevante en la no interrupción de las obras de infraestructura necesarias para la realización de las transferencias autorizadas por el PHN, que impide que se pueda acordar la suspensión" de las mismas.

La Generalitat planteó a comienzos de diciembre del año pasado un recurso contra la aprobación del expediente de información pública y el proyecto del trasvase del Ebro y solicitó que se suspendiera el inicio de las obras hasta la resolución de la demanda.

En el recurso se alegó que el Gobierno no ha aprobado el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro ni el caudal mínimo para trasvasar agua y en que, además, no ha estudiado las alternativas al trasvase, como está previsto en el Plan Hidrológico Nacional, ni se han cumplido los trámites de consulta preceptiva de la autoridad ambiental.