La Audiencia Provincial de Zaragoza ha ordenado reabrir la investigación judicial por presuntos delitos de prevaricación y administración desleal contra el exalcalde de Fuendetodos, Joaquín Gimeno Saldueña, y el secretario municipal, Abel Aparicio, por la adjudicación de tres obras de sustitución de luminarias y climatización de edificios municipales, por 103.000 euros, sin licitación pública ni contrato que las regulase.
La jueza, tras tomar declaración a ambos como investigados, concluyó que, dado que se trataba de obras menores (de menos de 50.000 euros) y tras lo expuesto por los imputados, veía el caso más propio de la jurisdicción Contencioso-Administrativa que de la Penal.
Pero el actual Gobierno municipal, representado por la letrada Irene Romea, recurrió, y el magistrado Francisco Picazo, de la Sección Sexta de la Audiencia, expone en el auto que reabre la causa que hay varias cosas por aclarar.
El juez recuerda que una de las modalidades de la prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) es no respetar «las normas esenciales del procedimiento», en este caso una licitación pública. Recuerda el ejemplo de las condenas del caso La Muela (en el que él fue ponente, entonces en la Sección Primera), en el que la exalcaldesa Mariví Pinilla fue penada por adjudicar sin concurso el amueblamiento de un centro de salud a la empresa de su amiga Loreto Ormad, o por encargar viajes públicos a una agencia.
El auto incide en que el hecho de que se tratase de obras menores puede corresponder a la «parcelación» de un proyecto único. «Podría darse el caso -y de hecho se da en la praxis con harta frecuencia- de que tal maniobra se produzca con la finalidad de eludir el procedimiento aplicable», expone.
De ahí que ordene indagar si las obras eran en realidad un único contrato (que además, según la acusación, iba a costar 40.000 euros menos de lo que se pagó finalmente) y también si el alcalde era competente para aprobar las adjudicaciones sin llevarlas al pleno municipal.
