La Audiencia de Huesca ha ratificado la sentencia que condenó en abril del 2003 a la química Inquinosa a pagar 6,5 millones de euros por los daños causados al medio ambiente desde la planta que tenía en Sabiñánigo, mediante una resolución en la que le responsabiliza de originar con sus vertidos contaminantes graves riesgos a la salud humana y a su entorno natural.

La sentencia, que confirma íntegramente el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Huesca, condena como responsables directos de las afecciones a Inquinosa (Industrias Químicas del Noroeste SA), productora del pesticida lindano, y a su representante durante el tiempo en que mantuvo su actividad en Aragón, Jesús Herboso, informó Efe .

Los magistrados consideran ajustada a derecho la decisión del tribunal del primera instancia de imponer a Inquinosa una multa de 4,6 millones de euros, cantidad en la que fueron calculados los costes de impermeabilización y sellado de los vertederos de Sardás y de Bailín, donde se vertieron de forma continuada los residuos contaminantes.

Asimismo, se confirma la imposición a Herboso de una indemnización de 1,8 millones por un vertido puntual desde la balsa de lixiviados (presentación líquida del residuo) de Bailín a un barranco próximo al cauce del río Gállego, lo que motivó una condena contra este directivo por un delito contra el medio ambiente.

Para la Audiencia, la clave de la responsabilidad de Inquinosa es que produjo vertidos altamente contaminados de HCH (hexaclorociclohexano) que no son biodegradables, nunca tuvo autorización administrativa y nunca los eliminó, de forma que su permanencia en los terrenos afectados es un riesgo inadmisible tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas.

DAÑOS CONTINUADOS La resolución sostiene que los vertidos de la industria carecían de cobertura legal en el momento en que se produjeron y recalca que los daños fueron "continuados".

El tribunal se apoya en los estudios periciales aportados por las consultoras INYPSA y TPA-PROSER para argumentar que los vertidos realizados desde 1978 a 1988 en Sardás y Bailín originaron un "riesgo grave" de contaminación por filtración al río Gállego, "con el consiguiente peligro para la población humana y para la mayor parte de las condiciones naturales del ecosistema".