La Audiencia Nacional ha rechazado el contencioso interpuesto por la constructora Azvi para reclamar al Ministerio de Fomento una indemnización de 6 millones de euros por su supuesta responsabilidad en los perjuicios sufridos tras adjudicarse las obras del tramo de la autovía A-22 (Huesca-Lérida) entre Siétamo y Velillas.

Tras la finalización de los trabajos, en octubre de 2010, la constructora presentó una reclamación por 6 millones de euros ante Fomento que le fue denegada mediante silencio administrativo, por lo que optó por la interposición de un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

Este tribunal rechaza cada uno de los argumentos esgrimidos por los demandantes, a los que reprocha haber firmado el acta de finalización de obras sin haber planteado ningún tipo de objeción ni queja.

En concreto, la representación legal de la constructora alegó haberse visto perjudicada por la suspensión inicial de cuatro meses que fue necesario acordar a fin de culminar el proceso de expropiación de los terrenos necesarios para la obra, así como las "interferencias" que supuso para los trabajos el proyecto de construcción de la variante sur de Huesca.

También reclamaban por los trabajos que tuvieron que realizar en invierno a causa de los retrasos, así como por los gastos "extra" sufridos debido a la necesidad de obtener suelo y zahorra en lugares distintos a los previstos en el proyecto.

En respuesta a estos argumentos, el tribunal asegura que en el acta de replanteo de la obra se hizo consignar que los terrenos no estaban disponibles en su totalidad, sin que la adjudicataria hiciera alegación alguna.

Destaca, a la vista de la documentación aportada, que la dirección de obra (ejercida por Fomento) no llegó a acordar, además, una suspensión de los trabajos relacionada con las obras del variante sur de Huesca.

Respecto a los trabajos invernales, señalan los magistrados que el contratista, dado el plazo de ejecución de dos años acordados, era responsable de programar la planificación más idónea para su ejecución.

También afirman que el contratista no sólo era responsable de la excavación del material necesario para la obra sino que el proyecto no especificaba cual debía de ser su lugar de procedencia y que sólo se limitaba a plantear distintas posibilidades.

La constructora se adjudicó en abril de 2007 las obras por 19,3 millones de euros, aunque en julio de 2009 se formalizó una modificación del contrato por 3 millones más.