La localidad turolense de Alloza volverá a tener en los próximos días farmacia. La Audiencia Provincial de Teruel acordó ayer levantar el precinto de este dispensario que había sido clausurado por el juez turolense que investiga la presunta trama de venta fraudulenta de medicamentos en la que hay decenas de imputados y varios detenidos.
El cierre de esta botica quedó sin efecto, después de que el tribunal provincial estimara el recurso de apelación presentado por su propietario, Juan Francisco A. C., contra el cierre ordenado el 3 de octubre por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, que instruye la Operación Pharmakon.
El propietario de la farmacia de Alloza es uno de los imputados en este presunta trama de venta fraudulenta de medicinas por la que han sido precintadas varias boticas en las provincias de Teruel y Zaragoza.
Por el momento, todavía continúan clausuradas dos de las investigadas en la capital aragonesa. Concretamente, las pertenecientes a los farmacéuticos Domingo A.B., y Carlos A.B. en La Romareda, y la de José Antonio O.O. en Valdespartera. Sus abogados, Carmen Cifuentes, Enrique Trebolle y Francisco Javier Acín tienen solicitado el desprecintado y están a la espera de lo que diga el juez.
El pasado 22 de octubre fueron reabiertas las farmacias de Vera del Moncayo y Aguilón, en la provincia de Zaragoza, y la ubicada en la avenida Pablo Neruda de la capital aragonesa.
La investigación, denominada Operación Pharmakon, ha conllevado la detención de propietarios de farmacias y otras personas relacionadas con la venta de medicamentos, comerciales y trabajadores de almacenes.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel decretó ayer el envio a prisión de dos nuevos imputados en el caso por una supuesta venta ilegal de medicamentos, eludible bajo fianza de 300.000 euros. También está en la cárcel el responsable de la farmacia de Aguilón, Daniel H. S. , ya que no puede pagar la fianza de 100.000 euros.
IMPUTACIONES
Todos ellos están imputados en delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de medicamentos, de organización criminal, de estafa y falsedad.
Este caso, cuyas actuaciones mantiene en secreto el juez, podría derivarse a la Audiencia Nacional, ya que la investigación judicial se ha extendido a otras provincias, según señalaron a Efe fuentes judiciales.
La investigación, destapada el pasado mes de mayo en Palomar de Arroyos (Teruel), puso al descubierto una presenta trama por la que las farmacias adquirían medicamentos a precios bajos tasados para después venderlos a almacenistas que los destinaban a la exportación y conseguían de este modo un margen de beneficio de manera irregular.
Un fraude que fue descubierto por el Servicio Aragonés de Salud, el perjudicado, que observó cómo algunos medicamentos figuraban como dispensados a clientes, si bien estos no lo habían recibido. Otros casos, tal y como publicó EL PERIÓDICO, utilizaron el nombre de personas que ya habían fallecido.
El propio Gobierno de Aragón se ha personado como acusación, al igual que el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza.
