Aunque la Fiscalía Provincial de Zaragoza no acusa, el que fuera alcalde por el PSOE de Fuendetodos, Joaquín Gimeno Salueña, no podrá evitar sentarse en el banquillo de los acusados por la supuesta irregularidad cometida con el contrato de renovación de iluminarias del municipio. La Audiencia Provincial de Zaragoza emitió ayer un auto por el que rechaza su recurso de apertura de juicio oral tanto contra él como contra su secretario municipal, Abel Aparicio.
El ponente de dicha decisión, el magistrado de la Sección Sexta, Carlos Lasala, señala que existen «indidios racionales de responsabilidad penal» en los investigados y que apuntan a la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en concurso con un delito de malversación de caudales públicos. La denuncia fue interpuesta en nombre de Fuendetodos por el actual alcalde, el actual alcalde, Enrique Salueña, que gobierna la localidad bajo las siglas de Compromiso por Aragón (CxA).
La Audiencia de Zaragiza señala en su resolución que «ciertamente» la decisión adoptada por ambos investigados, en acuerdo municipal del 18 de diciembre del 2014 tanto para sustituir la iluminación del casco urbano como también para sustituir la de la travesía desde la carretera es «harto extraño». «En efecto fraccionaron la contrata en tres contratos verbales diferentes y adjudicaron a dedo a Cealan Innovation SL de las tres adjudicaciones, lo que supuso excluir la posibilidad de concurrencia de otras empresas», apunta.
También destaca que «no existió pues expediente alguno de adjudicación ni contrato suscrito con dicha empresa que fijara plazo de ejecución, de presupuesto ni calidad de los materiales».
En dicho auto resalta el tribunal provincial que las obras fragmentadas en tres contratos le constaron 103.362,15 euros a las arcas municipales de Fuendetodos. La prueba pericial presentada por el consistorio, representado por la abogada Irene Romea, la valoración asciende solo a 64044 euros, cantidad «muy inferior» a la desembolsada. En este sentido añade que el ayuntamiento tuvo que suscribir un préstamo con una entidad bancaria pues «el consistorio no tenía fondos en ese momento para embarcarse en dicha contratación».
El magistrado Lasala añade que «no es de extrañar» que el Consejo Consultivo de Aragón emitiese un dictamen, en el 2016, en el que, a petición del consistorio, procede declarar la nulidad de pleno derecho de los acuerdos adoptados en relación a dichas obras». «Los dos investigaron prescindieron total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido de forma descarada y según parece con lógico perjuicio de 40.000 euros para las arcas municipales», apostilla el juez.
Tras el rechazo de este recurso, se abre plazo para que el Ayuntamiento de Fuendetodos presente su escrito de acusación por este delito de prevaricación administrativa.
