La Audiencia Provincial de Zaragoza archivó ayer definitivamente el caso Caladero, que investigaba la desviación de más de tres millones de euros registrada en las instalaciones de esta empresa en Plaza.

Este tribunal provincial rechazó el recurso interpuesto por UPD en el que se criticaba la instrucción realizada por la titular del Juzgado número 3 de Zaragoza, Mercedes Terrer, quien había decidido sobreseer este asunto en el que estaban imputados por prevaricación administrativa el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó, el exconsejero delegado de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, Santiago Coello, la responsable de empresas participadas de la Corporación, Pilar Valdivia, y el exdirector financiero de Plaza, Pedro Colás.

Los magistrados resaltan que no es lo mismo la prevaricación que la ilegalidad administrativa, además de considerar que el propio Tribunal de Cuentas procedió a analizar tales irregularidades que no alcanzaban entidad necesaria para abrir siquiera expediente sancionador.

Asimismo, apuntan que como no se aportan datos nuevos que pudieran haber sido tenidos en cuenta por la jueza, que se basó en las declaraciones de los propios imputados, no cabe la reapertura del procedimiento.

Afirman que "debería reservarse la actuación de la jurisdicción penal para aquellos casos clamorosos en donde de una manera clara, flagrante, palmaria e incluso esperpéntica se dicta una resolución contra norma". Ante ello, los jueces señalan que este asunto debería ser tratado en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Este archivo se une al del caso apartadero que investigaba la adjudicación a Acciona de unas obras en Plaza por valor de 15,5 millones. No obstante, sigue la investigación del caso saqueo con una veintena de imputados.