Una auditoría externa calculará el coste de la resolución del contrato de la concesión de la autopista ARA A-1, que rondará los 40 millones de euros, según afirmó ayer el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro. Este tramo, de unos cinco kilómetros sobre el río Ebro a la altura de Villafranca del Ebro y que unía la N-II con la N-232 se hundió hace dos años y medio por el efecto de una riada, y en su corta vida se demostró que se había sobredimensionado el volumen del tráfico previsto, por lo que hay que indemnizar a la concesionaria. Soro compareció a petición de Ciudadanos.

Una sentencia obliga a la Administración autonómica a pagar los costes, una responsabilidad que Soro dijo «asumir» y reconoció que la decisión de afrontar esa obra mediante el peaje en sombra fue un «disparate», visto el desarrollo posterior y la llegada de la crisis. José Luis Soro admitió que en la actualidad «nadie» autorizaría la construcción de esta autopista autonómica, que se construyó con una previsión de tráfico 2,5 veces superior a la que en realidad ha tenido, por lo que la concesionaria se encuentra en quiebra, en concurso de acreedores, lo que le ha llevado a solicitar una indemnización. De momento, el Ejecutivo autonómico ha abonado 3,2 millones de euros.

Jesús Sansó fue el diputado de Ciudadanos que expuso los motivos de su grupo para interpelar al consejero. Fue muy crítico en su exposición, sobre todo con aquel Ejecutivo gobernado por el PSOE y el PAR. «Reconozca que se equivocaron y que ahora los aragoneses tenemos que hacernos cargo de más de 40 millones de euros. Es un error de gestión muy grave», indicó el diputado, quien también recordó que el peaje en la sombra supone un desembolso de las arcas autonómicas de dos millones al año.

También fue contundente el diputado del PP, Javier Campoy, quien no solo responsabilizó de una «pésima gestión» al Gobierno del PSOE-PAR entre el 2004 y el 2011, sino también al actual, del PSOE y CHA. Soro le replicó que durante la legislatura del PP y el PAR, entre el 2011 y el 2015, tampoco fueron capaces de solucionar este problema.

De «chapuza» definió la diputada de Podemos Marta de Santos la gestión con esta autopista autonómica, y exigió que se asuman los errores que al final pagan todos los ciudadanos.

El parlamentario del PSOE Fernando Sabés justificó la actuación del Ejecutivo autonómico, destacando que «es muy fácil juzgar a los ojos del 2017 las decisiones que se tomaron en el 2004», defendiendo la apuesta del departamento de Soro por «buscar una salida menos gravosa para las arcas públicas».

Por el PAR, Jesús Guerrero señaló que hay que acatar las sentencias judiciales de una obra que se hizo «con la mejor intención posible» y agradeció la «responsabilidad» de Soro, indicando que gobernar significa, a veces, «gestionar algo que ha venido desde atrás».