Los resultados de la auditoría del tranvía de Zaragoza, encargada por el Ayuntamiento a una empresa externa, concluye que se ha producido un "desequilibrio" de 28 millones de euros a favor de las administraciones.

Así lo ha dado a conocer hoy el consejero de Economía, Fernando Rivarés, en una rueda de prensa en la capital aragonesa, tras recibir ayer por la mañana el informe encargado el pasado 26 de abril a la auditoría Moore Stephens.

Este informe externo tenía por objetivo determinar si lo que debían aportar las administraciones públicas (Ayuntamiento y Gobierno de Aragón) en forma de subvención de capital a la construcción de la línea 1 del tranvía eran los 128,7 millones de euros establecidos inicialmente.

"Los auditores consideran que el apoyo con dinero público de las administraciones debería haber sido como máximo de 100 millones de euros para el tranvía y no 128,7, porque se incluyeron conceptos que no pueden ser pagados con dinero público, conceptos que no son ni gastos, ni inversiones", ha explicado Rivarés.

Estos conceptos son, según el auditor, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y los excesos de gastos sobre los importes fijados en el pliego y en la oferta firmada o que incumplan algunas condiciones.

Además, el auditor ha considerado "desembolsos necesarios para la viabilidad del proyecto" pero que "no atienden a la definición de inversión inicial" a las reservas financieras exigidas por las entidades bancarias y bloqueadas para que la Sociedad de Economía Mixta (SEM) pudiera pagar la deuda pública y a la reserva financiera para la reposición de equipos y material a lo largo de la explotación del servicio durante 25 años.

"Ahora el Gobierno tiene que tomar conocimiento de este informe de auditoría y tendrá una reunión con la empresa del tranvía, con la que ya hemos contactado por teléfono", ha dicho Rivarés, que ha anunciado que ahora es el momento de análisis por parte de los servicios municipales.

En todo caso ha insistido en que la palabra es "desequilibrio económico" y en que desde el Gobierno no ven "responsabilidad jurídica", ya que se trata de "una información que en su día no hubo y que refleja este desequilibrio económico".

En definitiva, el informe concluye que los gastos de inversión ascienden a 310.508.200 de euros frente a los 400.000.000 de euros que se establecieron.

Preguntado por cómo afectan los resultados de esta auditoría a la deuda del tranvía pendiente por el Gobierno de Aragón, el consejero ha recordado que "el Ayuntamiento pagó su parte y buena parte de la correspondiente a la DGA".

"Pero si se da por bueno que estos son conceptos que no los puede financiar el Ayuntamiento con dinero público, significa que la DGA tampoco los puede financiar", ha concluido Rivarés.