Tenso pleno el vivido ayer en Sádaba. Su alcalde, el popular Miguel Ángel Pérez, solicitó en una sesión extraordinaria, con presencia de numerosos vecinos, que dimitieran los dos concejales del PP y los dos del PAR que en mayo de 2012 le denunciaron ante la Fiscalía para que abriera diligencias por unas presuntas irregularidades en el pago de varias facturas del 2011. También pidieron la dimisión del alcalde. La denuncia fue archivada. Los dos ediles del PAR descartaron ayer su dimisión, al igual que uno del PP. No acudió la edila popular. Al no dimitir, "me querellaré contra ellos", sentenció Pérez.

Ayer, se volvió a repetir el debate de mayo de 2012 y con los mismos argumentos. Se trató de tres endosos que, según los denunciantes, no pasaron por el registro general del ayuntamiento: uno referente a unas obras en el castillo, un segundo de otra empresa que estaba ejecutando varias obras, entró en suspensión de pagos y no las finalizó, y una tercera factura que continuó estas, y que resultó ser la misma empresa que la del castillo.

El alcalde volvió a explicar qué había pasado con estas facturas. La empresa tenía problemas de liquidez y necesitaba realizar trámites con una entidad bancaria para su financiación. "Ante el hecho de que el empresario no tiene dinero para hacer la obra y que si no la terminábamos en plazo hay que devolver la subvención, firmo una cesión de créditos, pero que se reconoce la deuda no que se va a pagar y lo hago en presencia del secretario". Después "en marzo (de 2012), el empresario presenta unas facturas con distinto importe de lo que le había firmado en los endosos".

Desde las filas del PAR defendieron que presentaron la denuncia porque no coincidían los importes y que, además, no había licencia para realizar esta obra en el castillo, que procedía de la anterior legislatura; por lo que no querían "ser responsables de algo ilícito", señaló el edil Domingo Casamayor, asesorados por el equipo jurídico del ayuntamiento. Posteriormente, se aprobó el plan director del castillo y la actuación "ya no es ilegal", remachó Pérez.

El anterior alcalde, ahora es el portavoz socialista, Santos Navarro, remarcó que las obras "corrían prisa" porque afectaban a los accesos. La solución "era tan sencilla como agilizar los trámites del plan director y certificar la obra, pero había presiones para que el alcalde dimitiera". Navarro dijo que con esta confrontación "estamos desgobernados, con una dejadez a todos los niveles que no tiene crédito. Y ahora, ¿cómo vas a gobernar?", espetó a Pérez. El alcalde solo tiene el apoyo de un edil del PP que también le denunció.