Extremadura y Castilla La Mancha se han sumado al grupo creado por Aragón, Asturias, Galicia y Castilla y León para reclamar al Gobierno central que reconozca los problemas demográficos de estas comunidades. Como consecuencia de la dispersión territorial, la baja densidad de población y el envejecimiento de la misma, este lobi solicitó el pasado octubre al Gobierno que busque salidas a este problema y que lo tenga en cuenta cuando se siente con las comunidades para reformar el modelo de financiación autonómica, vigente desde el 2009. También que Europa lo tenga en cuenta y tome medidas. Estas comunidades consideran que les perjudica por primar más a aquellas zonas con más habitantes.

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, y el director general de Ordenación Territorial, Javier Gamón, presentaron ayer los avances de este grupo, que va a reclamar un plan estratégico que ofrezca alternativas a este problema común. Suárez consideró que el Gobierno central "es receptivo" a esta petición, aunque son conscientes de la dificultad que supondrá que estas comunidades puedan hacer valer sus reivindicaciones frente a otro grupo recién creado y con intereses contrapuestos --formado por Valencia, Murcia y Baleares-- a los que habría que añadir Cataluña y Madrid.

Sin embargo, estas dos últimas sufrieron ayer un varapalo. Los tres expertos en los que se apoya el ministro de Hacienda para revisar las balanzas fiscales entienden que ni Cataluña ni Madrid requieren mejorar su financiación porque se sitúan en la media per cápita. Algo que también le sucedería a Aragón. La Rioja o Extremadura están sobrefinanciadas mientras que Valencia y Andalucía están subfinanciadas.

El investigador del CSIC, Ángel de la Fuente, convertido ayer en portavoz de los sabios --entre los que se encuentra Ramón Barberán, profesor de la Universidad de Zaragoza--, afirmó que las conclusiones "preliminares" revelan que dos tercios de los saldos fiscales se explican por las diferencias de renta de los ciudadanos y una tercera parte por "la financiación por habitante que sí plantea serios problemas de equidad". Defienden el reparto territorial de los gastos comunes (como la Defensa). Eso supone apoyarse en el método del flujo de beneficio, y que, por ejemplo, no solo imputa a Madrid las sedes ministeriales sino a todos según su población. La esencia es comparar los servicios por persona ya que la fiscalidad estatal es igual para todos.