La mayoría del Congreso de los Diputados dio ayer un paso de gigante para que autopistas como la Ap-2, que une Aragón con el Mediterráneo, no vuelvan a salir a licitación cuando finalicen las actuales concesiones a empresas privadas. Esto es un espaldarazo a la gestión pública sustentada por una amplia representación del arco palamentario pero que, sin embargo, no garantiza la gratuidad. Una liberación, la de suprimir todos los peajes, que no está asegurada y que es, precisamente, lo que reclaman desde hace años todos los pueblos del eje de la carretera N-II, que ayer volvieron a reivindicarlo porque si no es gratis «no servirá de nada, los caminos seguirán pasando por los municipios».

Así lo destacaron ayer algunos de los alcaldes que, en declaraciones a este diario, celebraron el acuerdo político en el Congreso pero esperan más concreción en próximas fechas. Porque lo único que se ha decidido es dar el apoyo a la proposición no deley que llevaba a votación Podemos-En Comú Podem-En Marea, y que por primera vez llevaba al PP a mostrarse dispuesto a no prorrogar las concesiones de las autopistas que vencen entre el 2018 y el 2021. Aunque añadía una enmienda en la que no cerraba la puerta a hacerlo en el futuro y esta fue rechazada.

Casi todos los partidos apoyaron sin fisuras esa gestión pública de las autopistas en el pleno del Congreso. Solo Ciudadanos optó por la abstención porque defendió que lo que hace falta es que sean las empresas las que asuman los riesgos de tener pérdidas en la explotación. Aunque lo que esa mayoría en el Congreso no contempla es el rescate inmediato como fórmula para resolver esta situación actual.

ESCASA EJECUCIÓN

En el lote de autopistas a poner en manos del Estado estaba el tramo de la AP-2 pero también siete más: la AP-7, en los tramos entre Valencia y Alicante, de Tarragona a Valencia (vence el 31 de diciembre del 2019), de Montmeló a La Junquera, el de Barcelona a Tarragona y el de Montmeló a El Papiol (estos tres acaban en agosto del 2021); la AP-1, de Burgos a Armiñán; y la AP-4, de Sevilla a Cádiz. Todas ellas están entre las concesiones quebradas a las que dar respuesta en los próximos años, cuando finalicen.

En el eje de la N-II se ve esta situación como una oportunidad, ya que siguen a la espera de un desdoblamiento que nunca llega, en el tramo entre Alfajarín y Fraga, y critican la «escasa ejecución» de las partidas que el Gobierno ha incluido en los presupuestos del Estado. La última, por 900.000 euros, que no se ha traducido en ninguna obra.