El Consejo de Ministros acordó ayer dar el primer paso en la liberalización del transporte ferroviario de viajeros que se estrenará en el corredor de Levante, que une Madrid, a través de Cuenca o Albacete con Castellón, Valencia, Alicante y Murcia. Fuentes del Gobierno central declararon a EL PERIÓDICO que en una segunda fase se abrirá a la competencia privada el AVE entre Madrid y Barcelona, el corredor en el que se encuadra la parada de Zaragoza, y que se hará en un plazo aproximado de año y medio. Y en todo caso, antes de mediados del 2016.

La decisión adoptada ayer por el Consejo de Ministros implica la concesión de un título habilitante, mediante un procedimiento público de licitación, a una empresa privada para prestar servicios en el corredor de Levante durante siete años en competencia con Renfe. Después, el corredor se abrirá a la plena competencia, precisó la ministra de Fomento, Ana Pastor.

El Gobierno ensayará en el corredor de Levante el proceso que luego extenderá a otros trayectos, como el del AVE entre Madrid y Barcelona. En ningún caso, según Pastor, se liberalizarán los servicios de Cercanías y Media Distancia, en los que se garantizará la prestación del servicio público por Renfe.

El corredor del Levante incluye tramos de alta velocidad y de larga distancia. El nuevo operador privado, que empezará a funcionar dentro de unos meses, podrá fijar las frecuencias de sus servicios y sus precios, así como las conexiones sobre las que va a actuar. Además, podrá hacer uso de las locomotoras y vagones puestos en alquiler por Renfe.

CRÍTICAS DEL PSOE Y UGT "Los ciudadanos dispondrán de una mayor oferta de servicios a precios más competitivos", dijo Pastor. El portavoz socialista de Fomento, Rafael Simancas, sin embargo, consideró un "grave error" la decisión del Gobierno al que acusó de hacer "un favor millonario a una empresa privada a costa de la inversión pública en el AVE que han pagado todos los españoles con sus impuestos". Además, advirtió de los "riesgos muy serios" que la medida puede implicar para Renfe, que "perderá viajeros, ingresos y rentabilidad".

UGT consideró "precipitada" la decisión del Gobierno "que se adelanta al plazo del 2019 dado por la Unión Europea" y advirtió de que realizará un "exhaustivo seguimiento" del proceso, que pide que se negocie con representantes de los trabajadores. Y CGT opinó que es "muy grave" la entrada de operadores privados, "piratas de lo público", ya que "no conlleva beneficio".