La convocatoria de subvenciones para ejecutar planes de formación para trabajadores ocupados se abre a la participación de los centros privados, ya que las ayudas se otorgarán desde ahora en régimen de concurrencia competitiva y no mediante la fórmula de contrato programa con los agentes sociales, como hasta ahora.

Así lo ha explicado en la Comisión de Economía y Empleo de las Cortes el director gerente del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), Jorge Escario, quien ha comparecido a petición del consejero ante este órgano para explicar este plan de formación, cuya convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) del pasado jueves 20.

Las subvenciones que se concedan tiene como objetivo financiar planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados -que deben de ser el 60 por ciento de los asistentes a los cursos, como mínimo-, para proporcionarles los conocimientos y prácticas que se adecúen a los requerimientos del mercado laboral, para contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.

Escario ha apuntado que la principal novedad del plan aprobado, correspondiente a 2014 y dotado con 5,5 millones de euros, es que para dotarlo de mayor transparencia y eficiencia se ha optado por abrir la convocatoria a los centros de formación debidamente acreditados, ya que antes las subvenciones estaban limitadas a las principales organizaciones empresariales y sindicales.

El director gerente ha asegurado que Aragón es la primera comunidad autónoma que introduce esta novedad, en aras de evitar problemas que se han producido en otras regiones y de garantizar que la gestión del dinero público es "lo más eficaz y transparente posible".

Además, se ha introducido un límite en las subvenciones concedidas, de 200.000 euros en el caso de los centros de formación y de 400.000 para los cuatro agentes sociales previstos (CREA, Cepyme, CC.OO y UGT).

Estos cuatro participan en el Consejo General del Inaem en el que se han consensuado estos cambios, ha dicho Escario.

Además, otra de las principales novedades es la potenciación de la formación a distancia, la denominada "e-learnig", para facilitar la conciliación de las acciones formativas con la vida familiar y también la laboral, y para hacer posible la vertebración del territorio y la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cursos.

Son cambios, ha insistido Escario, que la sociedad "estaba pidiendo a gritos".

El control de la actividad de los centros acreditados para impartir la formación estará garantizado, puesto que se va a constituir una unidad de funcionarios que los visitarán sin cita, entre noviembre y abril, para garantizar que los alumnos matriculados son efectivamente los que asisten a las clases.

Por parte de la oposición, el socialista Vicente Larred ha hecho hincapié en la necesidad, también, de dar respuesta a los parados y a los trabajadores con contratos temporales, que en el 50 % de los casos reciben salarios por debajo de los mil euros mensuales, a pesar de que su cualificación media ha crecido el doble que la de los trabajadores indefinidos, ha dicho.

Escario, sin embargo, ha asegurado que España es el país europeo "que más ni-nis" tiene, en tanto en cuanto es el que más fondos recibe para paliar este problema del Fondo de Garantía Social de la UE.

Los portavoces de CHA e IU, José Luis Soro y Luis Ángel Romero, han rehusado intervenir en la comisión en protesta por la demora que se acumula en la misma a la hora de sustanciar sus peticiones de comparecencia, en tanto en cuanto ambos mantienen peticiones para que acudan altos cargos del departamento pero las que se programan son las que solicita el consejero de Economía, Francisco Bono.