El pleno del Ayuntamiento de Mallén acordó ayer por seis votos a favor (cuatro del grupo de Por Mallén y dos del Partido Popular) no abonar la minuta legal del exalcalde socialista Antonio Asín, condenado en el 2014 por prevaricación administrativa y que ascendía a 329.000 euros. También se decidió no pagar los gastos de defensa de otros miembros de la corporación, que suponían en total alrededor de 76.000 euros.

Asín fue condenado a siete años de inhabilitación, en un asunto relacionado con la elaboración de dos informes externos que no contaban con la correspondiente consignación presupuestaria. El fallo fue emitido por la Audiencia de Zaragoza y confirmado después por el Tribunal Supremo.

Antes de procederse a cada votación, que se realizó separando las distintas minutas, tuvieron que salir de la sala tres de los cinco socialistas de la corporación: la hermana de Antonio Asín, un cuñado de otro imputado y un concejal que estuvo encausado en el mismo asunto.

El PSOE trató de recusar a los dos concejales del PP, pero estos presentaron un informe jurídico según el cual podían permanecer en la sala y votar ese punto del orden del día. Los dos ediles socialistas que se quedaron en el pleno se abstuvieron. Por Mallén y el PP basaron su postura de no asumir los gastos de defensa legal en tres informes solicitados a un jurista, a los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Zaragoza y a la propia secretaria de la corporación.

Asín fue condenado en el año 2014 a siete años de inhabilitación por prevaricación administrativa por la Audiencia de Zaragoza, si bien uno de los tres magistrados emitió un voto particular en contra del fallo. El fondo del asunto era la autorización del pago de dos facturas de 13.000 y 20.000 euros que carecían de consignación en el presupuesto. Se trataba de unos informes que tenían como finalidad atraer empresarios a un polígono de la localidad, situada en el corredor del Ebro,

Posteriormente, en el 2017, Asín fue condenado, junto con el exsecretario municipal Pedro Rueda, a seis meses de suspensión de empleo o cargo público como responsables de un delito de falsedad cometido por funcionario público. Sin embargo, el propio tribunal reconoció en la sentencia que se trataba de una modificación de «escasa trascendencia» y que las cuentas coincidían con la realidad contable.

Asín, que fue apartado del PSOE, siempre ha mantenido su inocencia. Sostiene que la actividad que le supuso la condena penal iba destinada a captar inversores para Mallén, una explicación que convence a una buena parte de la opinión pública local, que en alguna ocasión se ha movilizado en su defensa.