El ayuntamiento de Zaragoza ha presentado a la Cámara de Cuentas de Aragón sus alegaciones al informe provisional respecto del presupuesto de 2011 en las que concluye que las actuaciones municipales se realizaron "con sometimiento pleno a la ley y al derecho".
Las actuaciones municipales se realizaron "respetando escrupulosamente la normativa que estaba vigente cuando se llevaron a cabo, y de manera específica la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2011 y de la cuenta general del mismo año", ha dicho en una rueda de prensa el vicealcalde Fernando Gimeno.
El documento de alegaciones, que ha sido elaborado y firmado por 29 técnicos y altos funcionarios municipales, consta de 350 páginas y 40 anexos documentales en los que el ayuntamiento responde de manera expresa a todas las cuestiones y aspectos técnicos a los que hacía referencia el informe provisional de la Cámara de Cuentas.
Las materias que son objeto de alegaciones en relación con la gestión municipal de 2011 se refieren a estados financieros, remanente de tesorería, contratación, subvenciones y morosidad en las operaciones comerciales.
Según Guimeno, en las alegaciones se demuestra que la Cuenta General de 2011 "refleja fiel y adecuadamente la situación financiera y patrimonial del ayuntamiento (con algunas salvedades que se recogen) de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación".
Respecto a que el remanente de tesorería de 2011 debería haber sido de -362 millones de euros, el ayuntamiento sostiene que esa afirmación no puede aceptarse por ser "técnicamente incorrecta y no ajustarse a la normativa aplicable", tal y como se acredita en las alegaciones y en los informes de la Intervención General.
En las alegaciones, se documenta el rechazo a la opinión del informe provisional de auditoría de que la cuenta general no refleja la situación financiara y contable del ayuntamiento.
"La cuenta general de 2011 se formó y aprobó en plazo, no se formularon alegaciones ni reclamaciones, se remitió a la Diputación General de Aragón, al Ministerio de Hacienda y a la Cámara de Cuentas sin que se formularan reparos ni salvedades por parte de los órganos de control", ha subrayado.
Los criterios de cálculo de la cuenta general de 2011 "cumplen estrictamente la ley de Haciendas Locales y demás legislación aplicable", agrega el ayuntamiento, que advierte sin embargo de que el informe provisional de la Cámara de Cuentas establece sus propios criterios, a los que denomina "prudencia contable", y los aplica a las provisiones de fondos para insolvencias y al remanente de tesorería.
El ayuntamiento destaca además que el informe habla de dos nuevos conceptos jurídico-contables, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería "en sentido amplio y realista" en ambos casos, que no están contemplados en la ley.
También establece un método de cálculo de los saldos de dudoso cobro y un sistema de recaudación que "elude los criterios técnicos basados en la legislación vigente", según el ayuntamiento, que recuerda que el criterio municipal de anulaciones de derechos ha sido admitido por el Tribunal de Cuentas desde que éste inició su función fiscalizadora.
El consistorio apunta que la Cámara no ha tenido en cuenta en su informe hechos posteriores a 2011 que son "fundamentales para tener un conocimiento cabal de la situación financiera del ayuntamiento".
Concretamente el plan económico financiero 2012-2015, aprobado por el pleno municipal y aceptado por el Gobierno de Aragón "sin consideraciones de ningún tipo", y el plan de ajuste al que dio el visto bueno el pleno el 26 de marzo de 2012, que era obligatorio para acogerse al plan de pago a proveedores del Ministerio de Hacienda y que permitió cancelar deudas por 171,5 millones de euros.
El ayuntamiento añade que en el informe tampoco se ha tenido en cuenta que en la liquidación del presupuesto de 2012 se provisionó el resto de los pendientes de cobro relativos a las enajenaciones de suelo y se anularon los que no habían sido cobrados en el plazo legal por importe de 17,1 millones.
En cuanto a los procedimientos de contratación, el ayuntamiento asegura que en el periodo analizado se ha respetado "escrupulosamente" la ley de contratos del sector público, y en las alegaciones responde a las incidencias advertidas por la Cámara de Cuentas, mientras que sobre las subvenciones, indica que todas se tramitaron y adjudicaron respetando la ley general de subvenciones y la ordenanza municipal al respecto.
El ayuntamiento indica además que la Cámara de Cuentas no ha introducido en su informe recomendaciones, como establecen los principios básicos de auditoría del sector público, pero sí lo ha hecho en el informe correspondiente a la Diputación General de Aragón o la Diputación de Teruel del mismo ejercicio.
Así, afirma el ayuntamiento, "se detecta y se documenta una falta de ponderación en la formulación del informe y un trato distinto al dado a otras administraciones públicas aragonesas frente a los mismos hechos".
En ese sentido, el consistorio asegura que se ha comprobado la utilización de criterios distintos por parte de la Cámara de Cuentas a la hora de valorar situaciones, prácticas o carencias idénticas en otras administraciones (DGA y DPT) "siempre en perjuicio del Ayuntamiento de Zaragoza".
