Las tensiones entre el PP del Ayuntamiento de Zaragoza y el PSOE provocaron ayer que el pleno acordara no personarse en la causa abierta en los tribunales contra la responsable de Participación Ciudadana, Elena Giner, por la contratación de carpas para las fiestas de los barrios rurales por las que anteayer tuvo que ir al juzgado a testificar. Un objetivo que perseguía una moción de los conservadores que, solo por no admitir la votación separada de los puntos como pedían los socialistas, no salió adelante.

Lejos de buscar el entendimiento de una mayoría que se antojaba fácil para la personación municipal en este caso, el PP lo truncó porque la concejala popular Patricia Cavero decidió equiparar esta investigación «a la del caso Plaza» para acabar acusando a los socialistas de haber boicoteado aquella investigación judicial y forzando la retirada del ayuntamiento de la causa y de la propia sociedad, con una decisión que ahora, como mínimo, conllevará que de la devolución de 60 millones de euros acordada en el juzgado, a Zaragoza, que representaba el 12,5% del accionariado, no le corresponderá «ni un euro».

EL RIFIRRAFE

«El PSOE nunca ha dado instrucción alguna al alcalde para que el ayuntamiento se retirara del caso Plaza, y es justo lo contrario a lo que queríamos», respondió el concejal socialista Roberto Fernández, que exigió a la conservadora que se retractara de tales acusaciones. «Recuerdo a Fernando Gimeno pidiendo la dimisión del gerente de Plaza, que ha sido clave para que la DGA recupere 60 millones de euros», le replicó el portavoz del PP, Jorge Azcón, que se negó a rectificar y apostilló que Jesús Andreu, el gerente al que aludía, fue junto a Xabier Mayayo «el principal impulsor» de que eso haya sucedido ahora y que Zaragoza, al retirarse y salir de la sociedad (en la que también estaban Ibercaja y CAI), se vea perjudicada ahora. Los conservadores se defendían así de las críticas del PSOE y de CHA, que le señalaban por la «abusiva judicialización» de los asuntos, como le dijo Fernández, por haber denunciado en junio la contratación de esas carpas -que tildó de «chapuza»-, y porque, como le recriminó la nacionalista Leticia Crespo, «parece que todo vale por buscar un titular y dejar con el culo al aire a sus propios alcaldes».

Le hacían responsable de que ahora los barrios rurales se vayan a quedar sin carpas en Navidad, pese a que, replicó Cavero, Giner actúe «como Trump, que cuando le critican los demócratas dice que el país deja de funcionar». La responsable de Participación, que ni siquiera tuvo que intervenir, se niega a firmar cualquier contratación porque, según el edil de ZeC Fernando Rivarés, la forma «iracunda» del PP de hacer oposición «se acaba de cargar la celebración navideña» en los barrios.

Mientras, los conservadores sumaban el apoyo de Cs a su causa. El concejal Alberto Casañal urgió a ZeC, como el PP, a buscar fórmulas que sí cumplen con la legalidad para contratar carpas. A lo que Rivarés añadió que si las quiere para el distrito que preside, Miralbueno, que firme él.