El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado hoy comenzar a cobrar por los servicios especiales que preste la Policía Local en eventos o espectáculos de carácter extraordinario que impliquen un beneficio privado, en virtud de un acuerdo entre el equipo de gobierno y el grupo municipal de IU.
Así lo ha comunicado el portavoz municipal, Fernando Gimeno, quien ha aclarado que quedarían al margen de esta medida los espectáculos enmarcados dentro de las Fiestas del Pilar, como los de los recintos del Parking Norte o Valdespartera, al ser el consistorio organizador de las mismas, así como los eventos deportivos por celebrarse de forma habitual y no extraordinaria o las manifestaciones, al ser un derecho constitucional.
El también vicealcalde y consejero municipal de Presidencia, Economía y Hacienda ha reconocido que tampoco hay una gran cantidad de actos extraordinarios de este tipo, pero que es una medida que la ley prevé y que le parece "razonable".
Los gastos a cobrar a los agentes privados se circunscribirían a los costes suplementarios que ocasionen estos actos, tales como vigilancia, señalización vial, acotamiento de espacios, control del tráfico o seguridad del tránsito de personas.
Dentro del compromiso adquirido por el equipo de gobierno socialista e IU se encuentra también la modificación de los precios derivados de la recogida de residuos sólidos urbanos para las empresas que lo llevan a cabo con recursos propios y para los al menos 61 municipios que se benefician del Complejo para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Zaragoza (Cetruz).
El objetivo de esta medida es que pasen de pagar únicamente las tasas municipales -17 euros por tonelada- a pagar los 32,71 euros por tonelada que supone el coste real del servicio y que financian indirectamente los vecinos de Zaragoza, según ha indicado Gimeno.
En este sentido, el vicealcalde ha recordado que el Gobierno autonómico tomó la decisión de instalar dos centros de este tipo en toda la Comunidad -en Zaragoza y Calatayud- y que el consistorio "va a ayudar a resolver un problema medioambiental importante", pero que "no puede subvencionar a los municipios, diputaciones provinciales o al Gobierno de Aragón" porque "sería injusto para los vecinos de Zaragoza".
Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad también ha aprobado un protocolo de concesión de ayudas encaminadas al pago del impuesto de plusvalía para casos de supresión de deudas por cancelaciones hipotecarias o daciones en pago.
Los requisitos son que dicha cancelación se produzca en la vivienda habitual, por causas socioeconómicas sobrevenidas y que el valor del suelo sea inferior a 41.000 euros.
El objetivo, según Gimeno, es que aquellas familias con dificultades que pierdan su vivienda no tengan además que pagar este impuesto.
El mecanismo para ejecutar esta medida será la puesta en marcha de un protocolo de ayudas para subvencionar estos supuestos que será gestionado a través de Zaragoza Vivienda, que publicará las bases en los próximos meses.
