El Ayuntamiento de Zaragoza no accederá a cancelar el pago de la extra a los funcionarios y espera el recurso de la Abogacía del Estado contra esta decisión, un criterio que se está siguiendo también en otras ciudades e instituciones españolas que han tomado esta decisión. Fuentes de la Delegación del Gobierno confirmaron que ayer mismo salió el requerimiento para anular el acuerdo. El consistorio tiene un mes para contestar.

Como la respuesta será negativa, los tribunales tendrán la última palabra. "Nuestra obligación es recurrir y hacer cumplir la ley", indicaron. No hay que irse muy lejos, de hecho, para comprobar cuál va a ser el modus operandi del Estado, dado que el Ayuntamiento de Calatorao ya ganó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 una sentencia en este sentido. Fallo que volvió a ser recurrido por el abogado del Estado. De momento, este ha sido el único municipio en el que la Delegación del Gobierno ha exigido que se eche atrás la decisión del pago de la extra.

Por parte de la junta de personal del consistorio zaragozano, se reclamó que el consistorio mantenga el acuerdo adoptado con los representantes sindicales, y que el Estado recurra, si así lo decide, "un acto administrativo" ya realizado, dado que el acuerdo al que se llegó con los sindicatos establecía el pago de la parte proporcional de la extra en dos partes: una el próximo mes de mayo y otra, en octubre.

La intención del Ministerio de Hacienda es dar luz verde a los abonos de la paga extra solo cuando haya "sentencias firmes" en última instancia, tal y como confirmaron fuentes oficiales del Ejecutivo a este diario. "Sigue en vigor el decreto de julio del 2012 y se recurrirán las sentencias que no sean firmes", indicaron. También la propia Abogacía del Estado emitió una circular en la que se detallaba que "procederá la reducción íntegra de la paga extraordinaria de diciembre del 2012 y no en proporción al tiempo ya trabajado el momento en que entró en vigor esta medida" y, de hecho, el letrado ya ha llevado a los tribunales los acuerdos de pleno de varias ciudades en los que se aprueba el pago de la extra.

Entre ellos el Ayuntamiento de Calatorao, que aprobó ya el 20 de octubre del 2012, el abono a su personal de los 44 días que transcurren desde el 1 de junio hasta el 14 de julio del 2012, es decir, la parte prorrateada de la extra hasta que entró en vigor el decreto del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tan solo un mes más tarde, la Delegación del Gobierno requirió a este municipio --Zaragoza está esperando ahora recibir este oficio-- para que se anulase el acuerdo en un escrito en el que se detallaba que no se puede devengar la extra "pues tal concepto retributivo ha desaparecido del ordenamiento jurídico" (...) por lo que no procede, ni total ni parcialmente, liquidación de la misma por inexistente".

El abogado del Estado acudió a los tribunales, que fallaron a favor del municipio. El juez desestimó el recurso contencio-so-administrativo argumentando jurisprudencia previa y preceptos constitucionales.