El Ayuntamiento de Zaragoza y la diputación provincial acordaron la pasada semana cómo se van a devolver los once millones de euros que el consistorio adeuda en concepto del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Un plan de pagos pactado que se rubricará esta misma semana entre ambas instituciones al tiempo que se hace la primera entrega de tres millones.

El entendimiento es total y el calendario fijado establece que el siguiente pago lo realizará el ayuntamiento a principios del 2012, en enero o febrero, y el tercero y último, por los cinco millones restantes, antes del próximo mes de junio. Así lo acordó el responsable de Economía y Hacienda municipal, el vicealcalde Fernando Gimeno, y el presidente de la DPZ, Luis María Beamonte, hace pocos días, aunque se decidió posponer la formalización del acuerdo a después de la elecciones general que se celebraron ayer. Por tanto, hoy mismo podría hacerse oficial.

Con el acuerdo se pone un poco de paz a las tensiones abiertas entre ambas instituciones a raíz de que el presidente provincial advirtiera de que adoptaría medidas por el incumplimiento del pago. Y supeditó a que se hiciera frente a estas cantidades el plan de inversión aún pendiente para los barrios rurales de la ciudad.

OBLIGADO A REINVERTIR Ahora ya hay calendario de pagos y será la DPZ la que deba cumplir su parte del acuerdo que es destinar la mitad de ese dinero, más de cinco millones de euros, a la capital aragonesa y, más concretamente, a sus barrios rurales, que es la principal exigencia del ayuntamiento de esta negociación a dos bandas. Ahora bien, para este no hay plazo marcado, y lo podrá hacer a lo largo del año que viene.

Así, se pone fin a las tensiones abiertas por una obligación de pago que el ayuntamiento había desatendido y que, en condiciones de crisis y con las dificultades económicas que también padece la institución provincial, han aflorado. Además de que se haya producido después del relevo en la presidencia en la DPZ, a la que accedió el conservador Luis María Beamonte en lugar del socialista Javier Lambán, que nunca había reclamado el pago de estas cuantías al consistorio. Al menos no de una forma tan notoria como lo hizo Beamonte.

Sin embargo, el malestar persiste aunque ahora quede apaciguado. La amenaza de Beamonte no ha sentado bien en el consistorio, más aún cuando la aportación de la capital aragonesa a los fondos de la DPZ no se corresponde con el dinero que esta institución destina a la ciudad.