El Ayuntamiento de Huesca desveló ayer una relación con Gespol, la empresa de sistemas de control policial sobre la que parece girar la operación Enredadera de la Fiscalía Anticorrupción, que anteayer acabó con registros en más de 40 municipios y la detención de una treintena de concejales y alcaldes, empresarios y cargos de Policía Local de toda España. Entre ellos los de Huesca y Teruel, si bien a este último, Santiago Hernández, aún no se le ha localizado (está de viaje en Italia), y el primero quedó en libertad tras declarar ante la Policía.
La vinculación del consistorio oscense con la empresa bajo sospecha es un contrato similar a los que se investigan, para «una auditoría de seguridad vial», por un valor que ronda los 4.000 euros, según informaron fuentes municipales. Solo que es de este mismo año 2018, cuando las presuntas irregularidades a nivel nacional datarían de entre el 2010 y el 2015, aproximadamente, según lo que ha trascendido.
Así lo aseguraron ayer fuentes municipales, que vincularon a este contrato el registro en el consistorio oscense y la investigación de su intendente policial, Alberto Edroso.
MEDIDAS PENDIENTES
El contrato en vigor fue confirmado posteriormente por el propio alcalde de Huesca, Luis Felipe, quien anteayer no estuvo presente en los registros al estar reunido en Madrid con la ministra de Defensa, Margarita Robles. El primer edil oscense explicó, en declaraciones recogidas por Efe, que acogió la investigación con «cierta preocupación, como el resto de alcaldes que recibieron ayer a la Policía por sorpresa en busca de documentación». Pero reiteró la disposición del consistorio a mostrar la máxima colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y el juzgado de Badalona que instruye la causa.
Respecto al jefe policial interrogado, Alberto Edroso, explicó que su caso «todavía no se ha tratado» en el consistorio, pero que «tendrá que haber alguna resolución», en vista de que le quedan escasas semanas para pasar a segunda actividad, a mediados de agosto. De hecho ya no ejerce, al estar disfrutando de los días libres y permisos que no se había tomado en los últimos tiempos.
CONTRATOS
La investigación policial tuvo ayer su primer efecto en el municipio, con la retirada del orden del día del pleno de la adjudicación del servicio de limpieza viaria a la empresa Valoriza, en cuya estructura se integra Gespol desde que la adquiriese Sacyr, en el 2016. Un contrato de siete millones de euros para los próximos cuatro años, que quedó suspendido. En teoría, porque con los registros practicados no había habido tiempo de comprobar si faltaba documentación del expediente.
Fuentes policiales oscenses explicaron que el contrato de auditoría no ha afectado en nada a lo largo de este año al funcionamiento del cuerpo, que trabaja con los mismos sistemas con los que lo viene haciendo en los últimos años, tanto de vigilancia de seguridad vial como de tramitación de expedientes.
En Teruel, por su parte, que tras la sorpresa del registro de anteayer continuaba con su actividad normal, fuentes municipales reafirmaron que no consta ningún contrato con Gespol. Así lo avanzó anteayer la alcaldesa, Emma Buj, y tras un análisis más minucioso, ayer, se terminó de descartar. De hecho, fuentes consultadas indicaron que hace ocho años apenas se instalaron dos semáforos, a cargo de empresas locales o fondos ministeriales. Tan poco volumen de negocio había que se tuvo que colocar un cartel en uno de ellos para remarcarlo, porque los vecinos no le prestaban atención.
