Urbanismo desestimará hoy la petición de la junta de compensación de Arcosur para que el Ayuntamiento de Zaragoza expropie los suelos a seis propietarios morosos. Son los primeros expedientes que se resolverán en este sentido después de que el órgano rector del nuevo barrio decidiese reclamar que el consistorio asumiese tanto los terrenos como las deudas en virtud de un convenio firmado en el 2010. El ayuntamiento no ejecutará el convenio porque, a su juicio, no se cumple el primer requisito: que las deudas supongan más del 30% del total de los costes de urbanización.
En consecuencia, la junta de compensación tendrá que buscar otras vías para cobrar las cuotas pendientes, tanto de estos como del resto de los deudores, que acumulan globalmente 20 millones de euros, es decir, un 11% de morosidad. Ahora el órgano rector de Arcosur tendrá que decidir si expropia las parcelas o acude a la vía de apremio para exigirles el pago.
Los expedientes que se llevarán hoy a Urbanismo son los relativos a Promociones Inmobiliarias Formax SA, Altamira Santander Real Estate SA --la inmobiliaria de Banco Santander-- y cuatro miembros de una misma familia que poseen una porción de terreno en dos parcelas distintas, aunque la cifra global de procedimientos iniciados por la junta de compensación asciende a 27. "Nosotros pensamos que lo mejor para el futuro del barrio es que se culminen las expropiaciones", indicó ayer el presidente de la junta, Antonio Olmeda.
"Acudir a la vía civil para exigir las cantidades que deben podría suponer tres años en pleitos", aseguró. La junta, no obstante, trabaja en sus previsiones con un elevado nivel de morosidad y, de hecho, el nuevo plan de viabilidad, indicó Olmeda, ya contempla impagados por el 50% del total, de modo que el avance de las obras se ha ajustado a este porcentaje.
La junta de compensación había pedido la incoación de sendos expedientes expropiatorios de las fincas pertenecientes a estos propietarios, de modo que el Ayuntamiento de Zaragoza pasase a ser el nuevo dueño de los terrenos y, a la vez, de las deudas que estos propietarios mantienen con la junta por las cuotas de urbanización.
El Ayuntamiento de Zaragoza firmó en el 2010 un convenio por el que se comprometía a expropiar suelo a quienes no pagasen sus cuotas. Pero el consistorio argumenta que el convenio detalla también que las expropiaciones solo pueden hacerse efectivas si los impagados superan el 30% del global de los costes de urbanización (es del 11%), que hubiera partida presupuestaria suficiente y que, en su defecto, las dos entidades financieras firmantes del convenio diesen financiación para las expropiaciones. Ninguna de las tres condiciones se da, indican desde Urbanismo.
