El vicealcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Gimeno, desmintió ayer que el consistorio planee retirarse como acusación particular en el caso pagarés, en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, investiga los presuntos sobrecostes millonarios en la construcción en Plaza de las naves de Autocity que le fueron abonados a Codesport, la empresa de Agapito Iglesias.
Gimeno expuso que el consistorio no tiene decidido recurrir el cierre de la fase de instrucción que comunicó el juez Picazo, quien emplazó a las acusaciones a presentar sus escritos desde el lunes. Lo dejarán en manos de los servicios jurídicos.
Las defensas de los imputados --el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el exconsejero delegado de la plataforma, Carlos Escó, el exdirector técnico de la UTE de Plaza, Miguel Ángel Pérez y el exmáximo accionista del Real Zaragoza y dueño de Codesport, Agapito Iglesias-- sí han recurrido el fin de la instrucción, para la que quieren presentar más pruebas.
También la acción popular, que ejerce UPD, ha pedido al juez Picazo que pida a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que investigue a dónde fueron a parar esos 16,7 millones de más que, presuntamente, se pagaron por las obras.
INVESTIGACIÓN La letrada Irene Romea había pedido que lo hiciese la Agencia Tributaria, o en su defecto la unidad policial, y ante la negativa de la primera --que se declaró incompetente en el asunto-- recordó ayer al magistrado que aún queda la baza policial en esta investigación.
El ayuntamiento, que está personado, como el Gobierno de Aragón, como acusación particular, no pedirá pues por el momento que se mantenga abierta la fase de instrucción, aunque el vicealcalde indicó que cualquier cambio de criterio queda en manos de los servicios jurídicos.
El juez ha visto claros indicios de que los imputaron actuaron en connivencia para inflar las obras de las naves de Codesport, que según un informe del arquitecto Tedodoro Ríos sufrieron un aumento de costes y una rebaja de la calidad. La defensa de Agapito Iglesias anunció que presentarán un contrainforme que lo explique. Los imputados tienen que aportar una fianza conjunta de 18,8 millones.
