El Ayuntamiento de Zaragoza llevará a los tribunales al Gobierno de Aragón si no le remite en el plazo de unos tres meses el informe que ha pedido sobre las competencias que puede ejercer tras la reforma local, una cuestión que también ha motivado preguntas del consistorio al Ministerio de Hacienda.
Así se ha decidido hoy en la reunión de Gobierno de la ciudad, cuyo vicealcalde, Fernando Gimeno, ha afirmado en rueda de prensa que esperarán para acudir a los tribunales el plazo de tres meses previsto en la ley de procedimiento administrativo y plantear, de esa manera, un conflicto de competencias.
En su opinión, la jurisdicción contenciosa tendría que obligar al Ejecutivo aragonés a tomar una decisión en el caso de que todavía no la haya tomado, ya que los informes de la Comunidad Autónoma son vinculantes de acuerdo con la ley de reforma local.
Hasta entonces "no tenemos margen de maniobra", ha agregado Gimeno, quien ha recordado la petición que se ha hecho al Gobierno de Aragón hace aproximadamente unas dos semanas de que emita un informe de como interpreta la petición del Ayuntamiento de querer ejercer todas las competencias que ya estaba ejerciendo.
El pasado 28 de febrero, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acordó por unanimidad pedir al Gobierno de Aragón que elabore el informe vinculante para poder mantener las competencias impropias que el consistorio presta en la actualidad y que por la nueva reforma local pasarían a ser ejercidas por la Comunidad.
Pero mientras no reciban esa contestación, el Gobierno de la ciudad ha decidido hoy elevar una serie de preguntas al Ministerio de Hacienda para resolver de forma inmediata problemas que les surgen todos los días tras la entrada en vigor de la Ley reguladora de las bases del régimen local.
Son cuestiones tan simples como si continúan en vigor las ordenanzas que tenían que ver con competencias que ahora se han quedado sin ellas y que "aunque parecen decisiones muy tontas las consecuencias son muy importantes" para la gestión de los servicios de la ciudad, ha afirmado Gimeno.
El vicealcalde ha informado de que no prevén que el Ministerio conteste hasta mayo o junio y ha insistido en que el Ayuntamiento quiere conservar todas sus competencias.
Ha añadido que la ordenanza más importante es la de ayuda a domicilio, que afecta a unas 9.000 personas, que también está regulada por una norma de la Comunidad y que es la que está ahora únicamente en vigor.
"No se van a perder" las ayudas a domicilio pero si no existiera esa ordenanza municipal solo se cobrarían las del Gobierno de Aragón, ha explicado, al tiempo que se ha referido también a la teleasistencia, que reciben unas 9.000 familias.
Mientras no les digan nada, el Ayuntamiento interpreta que esas normas siguen existiendo, ha dicho.
"Las ayudas del Ayuntamiento no peligran, lo que no sabemos es lo que van a decidir ni la Comunidad ni el Estado porque ya no es competencia nuestra", ha subrayado.
Ya que el Ayuntamiento "quiere seguir pagando la ayudas a domicilio, pero no podremos si nos lo prohíben", ha incidido Gimeno.
En cuanto a las escuelas infantiles, ha dicho que la situación es todavía "peor" porque no hay periodo transitorio y ha considerado una "aberración" de la ley dice que desde el 1 de enero no puedan tener esas instalaciones abiertas,
Otra duda que se plantea el Ayuntamiento es que va a pasar con los contratos en vigor en cuestiones sobre las que no tienen competencias.
