El Gobierno de PP-Cs en Zaragoza ha aprobado este miércoles aplazar un año el cobro de los microcréditos que se aprobaron en el 2020 para dar respuesta a la crisis económica generada por la pandemia del covid y con el ánimo de ofrecer liquidez a las pequeñas empresas. De esta manera, a los seis meses iniciales de carencia se suman otros 12 que permitirán a los 1.743 beneficiarios empezar a devolver el dinero a partir de mayo y junio del 2022.

En concreto, lo que ha aprobado el Gobierno de PP-Cs es la modificación de las bases de la primera y la segunda convocatoria en lo que se refiere al plazo de carencia. La concejala de Hacienda, María Navarro, ha explicado que cuando se decidió destinar “10 millones” a los microcréditos “no se podía prever que la situación sería tan complicada” por lo que se ha optado por ampliar el plazo de devolución de las cuantías y “dar un respiro” a aquellos empresarios que siguen sufriendo las consecuencias del covid.

Navarro ha insistido en que el consistorio ha afrontado la crisis económica del coronavirus “sin haber recibido ni un euro de otras administraciones” y que pese a las maltrechas arcas municipales “seguimos apoyando a los que han tenido que echar la persiana” o siguen sufriendo las consecuencias de las limitaciones y restricciones decretadas por el Gobierno de Aragón para tratar de frenar los contagios.

Según ha informado Navarro, aquellos que solicitaron ayuda económica al consistorio en la primera convocatoria y que tenían que devolver los créditos a partir del 5 de mayo del 2021 podrán hacerlo a partir de ese mismo día, pero del 2022. Será cuando se inicie el cómputo de las 36 o 60 cuotas, dependiendo del microcrédito solicitado. El plazo de carencia de la segunda edición, previsto para el 5 de junio de este año, se retrasa un año.

El consistorio lanzó dos convocatorias de microcréditos con un tipo de interés del 0%, una carencia de 6 meses (ahora ampliada hasta los 18) y un plazo de devolución de 60 meses. En la primera se formalizaron 1.146 créditos y en la segunda 597. Del total, el 70% responden a autónomos con al menos dos trabajadores, según ha puntualizado la titular de Economía, Carmen Herrarte.

La concejala ha insistido en que las instituciones tienen la obligación de “garantizar el derecho al trabajo” y ha vuelto a clamar por un modelo que no castigue a los empresarios y no limite su actividad. Herrarte ha recordado que, según un estudio de la Universidad de Zaragoza, es más importante valorar la calidad del aire del interior de los espacios cerrados, como los bares y restaurantes, que limitar su aforo de una forma generaliza y sin tener en cuenta las peculiaridades del recinto.

Sin noticias del plan de la hostelería

La concejala de Economía ha explicado que “siguen a la espera” de que el Gobierno de Lamán contacte con el consistorio para explicar cuál será el papel que asuma el ayuntamiento en el plan de rescate de la hostelería que se firmó antes de Semana Santa y del que no se ha sabido nada más.

Herrarte ha solicitado al Ejecutivo autonómico que “flexibilice” las condiciones y rebaje la participación de los ayuntamientos. En el plan de rescate de 50 millones, los entes locales deberán aportar el 20% del total, mismo porcentaje que las Diputaciones y la concejala ha instado a Lambán a que lo rebaje al 15%.