El Ayuntamiento de Zaragoza ha autorizado nuevas maniobras en diversos puntos de la ciudad para el sector del taxi con el objetivo de competir contra las grandes compañías, hacerlo más accesible para la ciudadanía y facilitar el servicio, distribuyéndolo por más calles.

El consejero de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, ha firmado el documento de acuerdo para habilitar las nuevas maniobras junto al presidente de la asociación provincial de autotaxi de Zaragoza, Mariano Morón.

Muñoz ha subrayado que el acuerdo responde a la "filosofía general" de que el sector del taxi es una pieza fundamental en la ciudad y "es necesario" darle "más apoyo".

En concreto, las nuevas maniobras se basan en autorizar durante las 24 horas del día los movimientos para taxis libres y ocupados, en las condiciones de seguridad y fluidez del tráfico que el Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza determine.

Los puntos escogidos serán un giro desde la calle Lagasca hacia Gran Vía en dirección sur, otro giro desde la calle Ruiz Anglada hacia Gran Vía y Fernando el Católico en dirección sur y un paso desde la Plaza Salamero a la calle Teniente Coronel Valenzuela con un giro hacia la izquierda para Coso Alto.

Por su parte, Morón ha subrayado el "peligro" en el que se encuentra el sector del taxi ante la futura segunda línea del tranvía, por ello, ha calificado estas medidas como "un avance más" para facilitar el servicio a la ciudadanía.

Este acuerdo, sumado al alcanzado en enero de 2016, se enmarca en las revisiones anuales de compromisos impulsadas por la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad con el sector del taxi y apuesta por este medio de transporte frente a las grandes multinacionales.

Además, como novedad, anunciada esta mañana, el Ayuntamiento de Zaragoza autorizará a que los taxis operen bajo licencia municipal de hasta siete plazas.

Muñoz ha puntualizado que la disponibilidad de más plazas en los vehículos permitirá "aumentar la demanda" del servicio del taxi en la ciudad de Zaragoza.

Todas estas medidas serán evaluadas por ambas partes transcurrido un año desde su puesta en macha para introducir las modificaciones precisas o incluso revocar las decisiones tomadas.